Por Bruno Cortés
El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, solicitó formalmente un análisis financiero y administrativo profundo a los gobernadores emanados del partido Morena para determinar responsabilidades tras la presunta revocación de visados por parte del gobierno de Estados Unidos. La petición surge tras la difusión de reportes que vinculan a Alfonso Durazo Montaño, mandatario de Sonora, y a Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, con investigaciones del Departamento de Estado.
El bloque legislativo de oposición señaló que esta medida administrativa coincide con el periodo previo a la revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que introduce una variable de riesgo en las negociaciones bilaterales. Los indicadores de comercio exterior señalan que el 80% de las exportaciones mexicanas dependen de este acuerdo, situando la estabilidad política como un factor de evaluación de riesgo crediticio.
De acuerdo con el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la pasada administración federal concluyó como el ciclo de seis años con mayor acumulación de homicidios dolosos en el registro estadístico del país. El legislador federal atribuyó esta tendencia a la baja ejecución presupuestal en las partidas federales destinadas al fortalecimiento de los cuerpos policiales de carácter civil en las entidades federativas.
La base de datos de la Conferencia Nacional de Gobernadores revela que durante el sexenio anterior el Consejo Nacional de Seguridad Pública sesionó únicamente en seis ocasiones, registrando la ausencia del titular del Ejecutivo en el 33% de los encuentros. Los registros técnicos de la Cámara de Diputados demuestran que las comisiones de seguridad no han sesionado para desahogar las solicitudes de comparecencia de los mandos de inteligencia.
Moreira Valdez instó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a remitir un informe técnico detallado a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión para desmentir o confirmar las acusaciones del gobierno estadounidense. El procedimiento parlamentario exige que este tipo de alertas consulares sean evaluadas bajo criterios de seguridad nacional por el impacto directo en las delegaciones diplomáticas del Ejecutivo.
La propuesta financiera de la oposición contempla la restitución de fondos específicos para los municipios con mayores índices de violencia, los cuales sufrieron reducciones nominales del 100% en los presupuestos de egresos de los últimos cuatro años fiscales. Los datos económicos demuestran una correlación directa entre el retiro de subsidios locales y el incremento de delitos de alto impacto en los corredores logísticos del norte de la república.
La propuesta legislativa será turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis presupuestario y técnico en las próximas 72 horas. El objetivo final es integrar un comité de evaluación que audite los recursos federales transferidos a las secretarías de seguridad pública de Sonora y Tamaulipas durante el ejercicio fiscal correspondiente al año en curso.