Un grupo de 200 jueces de distrito y magistrados de circuito en retiro se manifestó este martes frente a la sede del Senado de la República para exigir el pago de sus pensiones e indemnizaciones. Los afectados señalan que el monto global del adeudo asciende a una cifra situada entre los 600 y 700 millones de pesos.
El conflicto surge a partir de la implementación del artículo décimo transitorio de la reforma judicial, el cual garantiza compensaciones económicas para los funcionarios que optaron por no participar en los procesos electorales judiciales de 2025 y 2028. Según los inconformes, el Órgano de Administración Judicial ha incumplido con este mandato constitucional.
Los juzgadores, que se retiraron formalmente a partir de 2024, denunciaron que la falta de pago ha generado una situación de inestabilidad financiera. La manifestación, realizada con toga y birrete, recorrió Paseo de la Reforma como medida de presión tras haber agotado las instancias jurídicas previas.
La magistrada en retiro Elba Sánchez precisó que los afectados enfrentan una restricción laboral de dos años, impuesta por la reforma, que les impide integrarse a otras actividades profesionales. Esta limitante, sumada a la falta de las pensiones complementarias, complica su situación económica personal.
A pesar de que el periodo de restricción laboral está por concluir para algunos, los jueces sostienen que su perfil especializado dificulta una reincorporación inmediata al mercado laboral. La demanda central sigue siendo el cumplimiento del pago adeudado por parte del Estado.
El Senado aún no ha emitido una respuesta formal sobre la solicitud de audiencia de los manifestantes. Los juzgadores mantienen la postura de continuar con la resistencia pacífica hasta obtener una solución definitiva sobre el flujo de recursos pendientes.
La incertidumbre financiera de este grupo de funcionarios refleja un punto crítico en la ejecución administrativa de la reciente reforma al Poder Judicial. Se espera que en los próximos días se establezcan mesas de diálogo con los legisladores para resolver el adeudo multimillonario.