La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México autorizó que elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) puedan aplicar infracciones al Reglamento de Tránsito en zonas específicas de la capital. La disposición quedó formalizada mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, otorgando validez jurídica al acto administrativo y ampliando el universo de agentes con facultades sancionadoras.
De acuerdo con la información difundida por la propia SSC, la medida no tendrá aplicación generalizada en las 16 alcaldías, sino que se concentrará en demarcaciones donde previamente fueron designados elementos autorizados para esta función. Entre las alcaldías señaladas en diversos reportes se encuentran Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, Xochimilco e Iztapalapa.
La dependencia capitalina sostiene que esta ampliación de facultades forma parte de una estrategia para fortalecer el orden vial, mejorar la movilidad y atender la creciente demanda operativa en zonas de alta concentración vehicular. Asimismo, se enmarca en los preparativos para eventos masivos y actividades de gran afluencia previstas en los próximos años, incluido el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
En términos prácticos, los conductores podrán recibir boletas de infracción emitidas y firmadas por agentes adscritos a la PA y la PBI, siempre que dichos elementos estén debidamente acreditados y asignados a las áreas autorizadas. Esto incrementa la presencia de personal con capacidad legal para sancionar conductas que infrinjan el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.
No obstante, la implementación de la medida ha generado cuestionamientos sobre la uniformidad de criterios y la supervisión de los agentes facultados. Diversos reportes periodísticos han mostrado diferencias en el número de elementos autorizados, con cifras que oscilan entre poco más de un centenar y más de mil efectivos, lo que refleja la necesidad de una mayor claridad institucional sobre el alcance exacto del programa.
Especialistas en movilidad han señalado que el fortalecimiento de la vigilancia vial puede contribuir a reducir conductas de riesgo y mejorar la seguridad en las calles; sin embargo, advierten que el éxito de la estrategia dependerá de la capacitación de los elementos, la transparencia en la aplicación de sanciones y la existencia de mecanismos efectivos para prevenir abusos o actos de corrupción.
La SSC ha enfatizado que la autorización se encuentra respaldada por el marco normativo vigente y que los elementos designados deberán actuar conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento de Tránsito. Asimismo, recordó que la ciudadanía cuenta con mecanismos para verificar la legalidad de las infracciones y presentar inconformidades cuando considere que existe una actuación irregular.
Con esta decisión, el Gobierno de la Ciudad de México apuesta por ampliar su capacidad de control y vigilancia vial en alcaldías estratégicas. Sin embargo, el verdadero impacto de la medida será evaluado no sólo por el número de sanciones aplicadas, sino por su capacidad para mejorar la movilidad, fortalecer la cultura vial y garantizar que las nuevas facultades se ejerzan con transparencia, legalidad y respeto a los derechos de los ciudadanos.