Por Bruno Cortés
La diputada federal por Tepic, Beatriz Andrea Navarro Pérez, integrante del grupo parlamentario de Morena, anunció su respaldo institucional a las acciones jurídicas del colectivo “Batalla por la Playa” ante las alteraciones de infraestructura detectadas en Playa Las Cocinas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. La legisladora formalizó este posicionamiento en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que sesiona en la sede del Senado de la República.
El conflicto de orden ambiental y de tenencia de la tierra se localiza específicamente en la región costera de Punta Mita. En este punto geográfico, de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas por los habitantes locales, se ejecutan proyectos de construcción que carecen de los permisos y de las manifestaciones de impacto ambiental validadas por las dependencias del gobierno federal mexicano.
De acuerdo con el desglose técnico presentado por la representación legislativa, el marco jurídico nacional define a las zonas costeras y playas como bienes de la nación de uso común e inalienables. Las obras de infraestructura civil realizadas por particulares en dichos polígonos sin la debida concesión o autorización de cambio de uso de suelo violan de forma directa el marco regulatorio de la Federación.
Ante esta situación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un resolutivo administrativo y un comunicado oficial con el objetivo de reforzar las inspecciones de protección ambiental en la demarcación de Playa Las Cocinas. Este documento técnico mandata la aplicación de medidas de mitigación y la evaluación expedita de las afectaciones al ecosistema playero de la entidad.
La intervención legal promovida por la comunidad afectada se compone de cuatro recursos jurídicos simultáneos: una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), un juicio de amparo indirecto, un recurso de revisión administrativa y un procedimiento formal de revocación de la concesión otorgada previamente a la firma mercantil Cantiles de Mita S.A. de C.V.
La tasa de afectación en la zona impacta de manera directa el libre tránsito y las actividades económicas de subsistencia de la población local, compuesta principalmente por pescadores artesanales y prestadores de servicios turísticos. La acumulación de materiales de construcción en la línea de costa modifica la dinámica de las mareas y destruye la biodiversidad endémica del litoral nayarita.
El proceso legal y de fiscalización ambiental entra en un periodo de desahogo de pruebas por parte de las autoridades federales competentes. El Congreso de la Unión, a través de la representación de la Comisión Permanente, mantendrá el seguimiento del caso para garantizar que las resoluciones judiciales cumplan con las leyes vigentes en materia de zonas federales marítimo-terrestres.