El registro obligatorio de líneas celulares dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un problema político. La presión se concentró en el Senado, donde legisladores de oposición advirtieron el riesgo de una suspensión masiva de líneas.
Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, pidió ampliar de 120 a 360 días hábiles el plazo antes de suspender líneas no identificadas. Su advertencia pública apuntó al riesgo de que cerca de 60 millones de números quedaran fuera del padrón.
Desde el PAN, Mario Vázquez solicitó una prórroga de 180 días. Argumentó inconsistencias, reportes de líneas asociadas indebidamente a identidades de usuarios y falta de claridad en la implementación del registro.
La respuesta del gobierno fue mantener la obligación, pero mover el calendario operativo. La CRT y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones establecieron fechas escalonadas para líneas no vinculadas, principalmente de prepago, entre agosto y diciembre de 2026.
El fondo político no desaparece. La narrativa oficial sostiene que el registro busca combatir fraude, extorsión y secuestro virtual mediante la identificación de líneas anónimas. El portal de la CRT presenta el registro como una medida para asociar cada línea a una CURP y suspender líneas usadas en delitos.
La oposición, en cambio, colocó el debate en otro terreno: proporcionalidad, protección de datos personales, riesgo de exclusión digital y errores de implementación. La salida administrativa redujo la presión inmediata del 1 de julio, pero no cerró la discusión de fondo.