El uso de drones por parte de organizaciones criminales mexicanas dejó de ser una amenaza marginal para convertirse en un fenómeno de escala masiva en la frontera con Estados Unidos. Entre julio y diciembre de 2024 se registraron 60 mil vuelos de drones vinculados a esta actividad, provenientes de 27 mil aparatos distintos, con un promedio diario de 328 incursiones.
Durante la segunda mitad de 2024, agencias de seguridad estadounidenses rastrearon más de 27,000 drones a menos de 500 metros de la frontera suroeste. El dato, lejos de ser aislado, se ha mantenido en ascenso: en el año fiscal 2025 se detectaron 34,682 vuelos de drones dentro de un radio de 500 metros de la frontera con México, una cifra que hasta hace poco no se había hecho pública.
La comparación con la frontera norte del país resulta reveladora sobre dónde se concentra el fenómeno. Esa cantidad de vuelos detectados en la frontera con México contrasta con los 7,678 registrados en la frontera con Canadá durante el mismo periodo. La diferencia, de casi cinco veces, confirma que la actividad de drones está directamente asociada a las dinámicas del crimen organizado en territorio mexicano y no a un patrón fronterizo generalizado.
El fenómeno no es reciente, aunque sí se ha acelerado. Desde 2024 se estima que alrededor de mil drones cruzan mensualmente de México hacia territorio estadounidense con fines de reconocimiento contra fuerzas del orden o para el contrabando de droga.
Los usos identificados van más allá de la vigilancia. Los grupos criminales también emplean drones para introducir contrabando, incluyendo drogas o teléfonos celulares, a centros penitenciarios, y se anticipa que eventualmente la entrega de droga hasta la ventana de un consumidor será una práctica común. La expansión de la capacidad de carga de los drones comerciales, cada vez más accesibles en plataformas de venta en línea, facilita este tipo de operaciones.
El fenómeno también tiene una vertiente violenta que ha ido en aumento. En agosto de 2024 se reconoció públicamente por primera vez que algunos soldados habían muerto a manos de drones operados por cárteles que dejaban caer explosivos. En octubre de 2025, tres drones cargados con explosivos impactaron las oficinas del fiscal estatal de Baja California, dañando vehículos con artefactos improvisados que contenían clavos y fragmentos metálicos.
Un episodio reciente ilustra la magnitud del reto operativo que enfrentan las autoridades. El cierre abrupto del espacio aéreo alrededor de El Paso, Texas, durante 10 días, se atribuyó inicialmente a una incursión de drones de cárteles mexicanos, aunque pronto se supo que las autoridades de aviación civil estaban más preocupadas por la prueba de un nuevo láser diseñado para derribar ese tipo de amenazas.
La cercanía entre ambos países multiplica además el riesgo de incidentes no planeados, incluyendo la posibilidad de que restos de estos aparatos caigan sobre alguien del lado equivocado de la frontera, lo que abriría la puerta a una equivocación con consecuencias diplomáticas.
Ante este panorama, tanto Estados Unidos como México han comenzado a mover piezas legislativas y operativas para responder a una amenaza que seguirá creciendo mientras la tecnología de drones se abarate y su acceso se generalice entre las organizaciones criminales.