Por Mateo San Martín
El Congreso de la Unión alista una revisión integral al marco normativo que regula a las instituciones de seguros de gastos médicos mayores para el próximo periodo ordinario de sesiones. La iniciativa surge tras un incremento sostenido en las denuncias civiles y quejas administrativas presentadas por usuarios ante los órganos reguladores, quienes acusan incrementos desproporcionados en las primas y la aplicación de cláusulas de exclusión que comprometen el derecho a la salud y la seguridad jurídica contractual.
El análisis legislativo se centrará en reformar las disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. El objetivo central de la intervención parlamentaria es acotar la discrecionalidad con la que operan las compañías aseguradoras al fijar los costos de renovación, los cuales, según los registros de los tribunales de distrito, han mostrado variaciones muy por encima de los índices de inflación general y médica en los últimos meses.
De acuerdo con el diseño institucional del Estado mexicano, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) son los entes facultados para vigilar la equidad en estos contratos. No obstante, el vacío legal en la fijación de topes tarifarios y la falta de sanciones severas ante la negativa de cobertura han limitado la eficacia de estas instituciones, sobrecargando al Poder Judicial con juicios de amparo y litigios mercantiles.
El debate técnico-jurídico no busca vulnerar el principio de libre mercado ni la viabilidad financiera de las empresas del sector, sino garantizar el equilibrio contractual entre las partes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que, si bien los seguros son contratos de naturaleza mercantil, estos inciden directamente en el acceso efectivo a la salud, un derecho fundamental consagrado en el artículo 4 constitucional que el Estado está obligado a tutelar.
Los abusos reportados en los sobreprecios y la aplicación de deducibles imprevistos configuran, a la luz del derecho civil, posibles asimetrías de información que invalidan el consentimiento pleno del consumidor. La revisión en las cámaras legislativas contemplará la obligación de las aseguradoras de transparentar las metodologías actuariales utilizadas para el cálculo de riesgos, evitando que la edad o las preexistencias médicas se conviertan en mecanismos de exclusión fáctica.
Asimismo, se prevé la integración de mesas de trabajo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y especialistas en derecho corporativo para diseñar un tabulador de cobros que dote de certeza jurídica a los asegurados. La certeza en las reglas del juego es un pilar indispensable para la estabilidad económica, por lo que la regulación propuesta deberá alinearse con las mejores prácticas internacionales en materia de supervisión financiera sin desincentivar la inversión privada.
Corresponderá a las comisiones dictaminadoras de Hacienda y Crédito Público, así como de Estudios Legislativos, procesar las reformas bajo un criterio de estricta técnica jurídica. El control de los excesos comerciales en el sector asegurador es una demanda social legítima que requiere una respuesta institucional sobria, alejada de estridencias políticas y apegada a los principios de legalidad y equidad distributiva que mandata la Carta Magna.
M.S.M.