Por Bruno Cortés
Con el objetivo de frenar la aprobación opaca y en bloque de las partidas presupuestales del Gobierno Federal, el diputado Jericó Abramo Masso impulsó una reforma legislativa para auditar y votar en cuatro ejes diferenciados el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
La maniobra parlamentaria busca desarticular la práctica recurrente de imponer votaciones globales sobre el gasto público, un mecanismo que ha permitido al Ejecutivo blindar asignaciones discrecionales sin la debida rendición de cuentas ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
El proyecto de supervisión fiscal exige que el gasto destinado a secretarías de Estado, órganos autónomos y programas sociales se someta a escrutinio individualizado, evitando que la mayoría legislativa apruebe de forma expedita asignaciones multimillonarias sin desglose por partida.
Paralelamente, la propuesta de vincular las transferencias de recursos federales a los indicadores del INEGI busca eliminar el uso político de las aportaciones y participaciones hacia estados y municipios, condicionando los fondos a criterios objetivos de necesidad y desempeño institucional.
Organismos de vigilancia presupuestaria y auditores independientes han señalado que la centralización en la toma de decisiones financieras en San Lázaro ha restado margen de fiscalización al Poder Legislativo sobre las reasignaciones presupuestales efectuadas durante el año fiscal.
Abramo Masso enfatizó que el Congreso de la Unión debe recuperar su facultad constitucional de contrapeso frente al Ejecutivo, impidiendo que el PEF continúe aprobándose como un documento cerrado que omite observaciones de las comisiones ordinarias.
El debate legislativo sobre ambas iniciativas pondrá a prueba la disposición de los bloques parlamentarios para ceder control sobre la negociación del gasto público y avanzar hacia un modelo transparente de auditoría preventiva en el erario nacional.