La Ciudad de México fortalece su estrategia para combatir el delito de despojo con la elaboración de un decálogo que buscará prevenir la ocupación ilegal de inmuebles, facilitar la denuncia y brindar mayor protección al patrimonio de las familias, con especial atención a personas adultas mayores y otros sectores en condición de vulnerabilidad.
Como parte de esta política, el Gobierno capitalino plantea consolidar un esquema integral que combine acciones preventivas, fortalecimiento institucional y modificaciones al marco legal para enfrentar una problemática que en los últimos años ha generado preocupación entre propietarios y poseedores legítimos de viviendas y predios.
Entre las medidas contempladas destaca la creación de una línea telefónica especializada para atender reportes de despojo, así como mecanismos de orientación ciudadana y acompañamiento durante los procesos de denuncia y los trámites relacionados con la acreditación de la propiedad de los inmuebles.
Las autoridades también impulsan una campaña preventiva para reducir los riesgos de este delito. Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener en regla la documentación que acredita la propiedad, regularizar inmuebles que presenten irregularidades jurídicas, elaborar un testamento para dar certeza sobre la transmisión del patrimonio y resguardar las escrituras en un sitio seguro distinto al domicilio.
Asimismo, se exhorta a la población a denunciar de manera inmediata cualquier intento de invasión, ocupación ilegal o alteración de la posesión de un inmueble, con el propósito de facilitar la actuación oportuna de las autoridades y evitar que los casos se prolonguen.
La estrategia se complementa con reformas legales que endurecen las sanciones contra quienes cometan despojo. El marco jurídico contempla agravantes cuando el delito se realiza mediante suplantación de identidad, simulación de actos jurídicos, intervención indebida de fedatarios públicos o aprovechamiento de cargos públicos para facilitar la apropiación ilegal de inmuebles.
Además, las modificaciones prevén castigos para las personas que permanezcan ocupando un inmueble aun después de haber sido requeridas por la autoridad competente para desocuparlo, con el objetivo de fortalecer la restitución de la posesión a los propietarios o legítimos ocupantes.
Con este conjunto de acciones, el Gobierno de la Ciudad de México busca cerrar espacios a las redes dedicadas al despojo de propiedades, fortalecer la certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias y ofrecer herramientas preventivas que permitan reducir la incidencia de este delito.