Por Bruno Cortés
La falta de asignación presupuestal específica y las vacíos regulatorios en el sistema de salud pública en México han dejado sin cobertura médica de contención a millones de jóvenes que padecen trastornos psicológicos y psiquiátricos. Así lo denunciaron legisladores y colectivos sociales durante el foro «Salud mental, hacia un bienestar integral», donde se demandó la rendición de cuentas sobre el destino de los fondos públicos asignados a la prevención de adicciones y prevención del suicidio.
La diputada Ruth Maricela Silva Andraca urgió a la LXVI Legislatura a asumir la responsabilidad institucional que le corresponde a los tres órdenes de gobierno. La parlamentaria subrayó que la atención de las afecciones emocionales en adolescentes no debe quedar sujeta a programas asistenciales temporales, sino convertirse en una obligación legal fiscalizable para el Estado.
Un análisis del presupuesto ejercido en los últimos tres ejercicios fiscales revela que el rubro destinado a la salud mental ha representado menos del 2 % del presupuesto total asignado a la Secretaría de Salud, cifra considerablemente inferior a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estipulan un mínimo del 5 % para países en desarrollo.
La escasez de recursos ha provocado un desabasto recurrente de medicamentos psiquiátricos de cuadro básico en clínicas de primer y segundo nivel, así como una saturación en los hospitales de alta especialidad. Dicha situación obliga a las familias a costear tratamientos en el sector privado, con erogaciones mensuales que consumen hasta el 40 % del ingreso promedio de un hogar de clase trabajadora.
Durante la sesión, los grupos parlamentarios revisaron la actuación de las autoridades educativas y sanitarias frente al incremento de cuadros severos de depresión y ansiedad en escuelas secundarias y preparatorias. Se señalaron omisiones en la implementación de protocolos de detección temprana de conductas autodestructivas y acoso escolar en las aulas.
Para corregir la inacción institucional, la propuesta impulsada en el foro contempla obligar a la Secretaría de Hacienda a etiquetar recursos intransferibles para la creación de brigadas territoriales de salud mental en las 32 entidades federativas. Asimismo, se busca fiscalizar a los gobiernos estatales para garantizar que las unidades de atención especializada operen con el personal capacitado necesario.
La reforma legislativa en puerta plantea vincular jurídicamente a la Secretaría de Educación Pública y al sector salud para realizar diagnósticos periódicos obligatorios a la población estudiantil. Esta medida busca establecer responsabilidades administrativas concretas para los funcionarios que omitan dar seguimiento a los casos detectados dentro del sistema educativo oficial.