Por Juan Pablo Ojeda
Autoridades federales y del Estado de México desmantelaron una presunta red de extorsión que utilizaba inteligencia artificial para suplantar la identidad y voz de gobernadores, alcaldes, ministros de la Suprema Corte y otros funcionarios públicos.
La investigación permitió detener a cinco personas en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México, señalado como el centro de operaciones del grupo.
Entre los detenidos se encuentra Luis Miranda Contreras, exsecretario de Administración y Finanzas de Michoacán, además de su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, así como un escolta identificado como Agustín Arturo “N”.
De acuerdo con las investigaciones, la red contactaba a políticos, funcionarios y empresarios mediante llamadas y mensajes enviados a sus teléfonos personales, aprovechando información obtenida previamente para generar confianza.
El esquema comenzaba con personas que se hacían pasar por secretarios particulares o asistentes de funcionarios de alto nivel. Posteriormente, una segunda persona se comunicaba simulando ser el funcionario y afirmaba tener instrucciones para solicitar dinero, agilizar pagos, conseguir empleos o recomendar contrataciones.
Para reforzar el engaño, utilizaban fotografías, nombres y logotipos oficiales en los perfiles telefónicos, además de información personal y profesional de las personas a quienes suplantaban.
Uno de los elementos centrales de la operación era el uso de inteligencia artificial para imitar las voces de políticos y funcionarios, así como para crear conversaciones ficticias mediante mensajes de texto y notas de voz.
Las autoridades también identificaron al menos 19 teléfonos celulares relacionados con las tarjetas SIM utilizadas en las comunicaciones reportadas por algunas víctimas.
El pasado 6 de octubre, los cinco detenidos fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de extorsión y se les impuso prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario de Almoloya de Juárez.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red y el número de personas afectadas. Los imputados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.