La polémica en el Congreso se encendió este viernes luego de que el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, presentara una demanda de juicio político contra la legisladora de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien fue señalada por el gobierno de Estados Unidos de mantener presuntos vínculos con “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa.
Zavala argumentó que el fuero no debe ser un escudo para evitar investigaciones y urgió a que se conozca la verdad sin impunidad. La acusación coincide con el periodo en que Brown fue presidenta municipal de Playa de Rosarito, Baja California, entre 2019 y 2024.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Hilda Brown en su lista de personas con presunta relación con el narcotráfico, acusándola de colaborar con Alfonso Arzate García, líder local del Cártel de Sinaloa, y con el empresario Jesús González Lomelí, operador de la célula “La Mayiza”. Según el reporte estadounidense, durante su gestión como alcaldesa, uno de los operadores políticos del cártel, Candelario Arcega Aguirre, habría tomado control de áreas estratégicas del gobierno municipal para colocar a sus aliados en puestos clave.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México respondió de inmediato bloqueando las cuentas bancarias de la legisladora y de al menos siete personas y 15 empresas relacionadas. Sin embargo, Brown negó las acusaciones y aseguró que sus cuentas siguen activas, pues ha realizado “transferencias cotidianas” sin problema.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que, hasta el momento, no existen pruebas sólidas que acrediten el delito de lavado de dinero en México. Aclaró que la UIF tuvo conocimiento del caso semanas atrás y revisó la información, pero no encontró elementos suficientes para congelar cuentas a nivel nacional. “No vamos a proteger a nadie”, sentenció Sheinbaum, pero advirtió que si EU presenta pruebas adicionales, podrían reabrir el caso.
La demanda de juicio político ahora dependerá de la Comisión de Examen Previo en la Cámara de Diputados, que deberá revisar si existen méritos para retirarle el fuero a la legisladora y abrir un proceso en su contra. Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones en el ámbito político y social, ya que la señalada es una figura relevante de Morena en Baja California y cercana a la administración de la Cuarta Transformación.