Por Juan Karmenta
¡Qué tal el trago amargo que nos dejó el último reporte de la Secretaría de Hacienda! Resulta que, en un abrir y cerrar de ojos, la lana destinada a temas tan sensibles como la búsqueda de personas desaparecidas y el apoyo a nuestros chavos menores de edad sufrió un ajuste a la baja por 26 mil millones de pesos. Así, en plata pura, el gobierno federal decidió apretarse el cinturón en lo social para meterle más billete a las aduanas, los trenes, el Banco del Bienestar y, por supuesto, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La bronca no es menor, pues este «tijeretazo» presupuestal, detallado en el informe del cuarto trimestre de 2025, deja al descubierto las verdaderas prioridades de la administración para el cierre del año pasado. Mientras que las familias que buscan a sus seres queridos se quedan con las manos casi vacías, el sector de transporte ferroviario se sacó la lotería, recibiendo una inyección de capital que dejó a más de uno con el ojo cuadrado.
Entrando en detalles técnicos, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario vivió un incremento que parece de cuento: pasó de tener apenas 48.3 millones de pesos a manejar la friolera de 81 mil 135.9 millones. Según Hacienda, este aumento descomunal se debió a una transferencia de recursos para fortalecer la infraestructura de los trenes, dejando claro que para el gobierno, las vías pesan más que las víctimas en la balanza de las finanzas públicas.
Por otro lado, el Banco del Bienestar no se quedó atrás en el reparto del pastel. Esta institución tuvo un ajuste a su favor de más del 200%, duplicando su presupuesto ejercido hasta diciembre para alcanzar los 4 mil 736.8 millones de pesos. Mientras este banco crece como espuma, los programas enfocados en la protección de menores y la atención a víctimas vieron cómo sus recursos se esfumaban en medio de la burocracia y las «reprogramaciones».
La situación se pone color de hormiga cuando revisamos las cifras de desaparecidos. Según reportes de colectivos como Red Lupa, el número de casos aumentó un 12% durante 2025, pero el presupuesto para buscarlos e identificarlos apenas representa el 0.036% del gasto público total. Es decir, hay más gente que falta en casa, pero menos chamba institucional para encontrarlos porque, simplemente, no hay con qué.
En el sector salud, la cosa también estuvo de mírame y no me toques. Hacienda confirmó que el gasto público en esta área cayó un 4.1% general, afectando principalmente a los hospitales que atienden a la población que no tiene seguridad social. En contraste, el IMSS-Bienestar sí tuvo un crecimiento, pero el recorte en las aportaciones directas a los estados para salud superó los 60 mil millones de pesos, dejando a muchas clínicas locales en la lona.
Los expertos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierten que este movimiento de fichas no es un error de dedo, sino una estrategia de «consolidación fiscal». Básicamente, están tapando los huecos de las megaobras y los compromisos financieros de los proyectos emblemáticos con el dinero que debería ir a programas que salvan vidas o protegen el futuro de los capitalinos y de todos los mexicanos.
Para los que andan a pie y viven el día a día, esta noticia cae como balde de agua fría. No se trata solo de números en una tabla de Excel; se trata de que los peritos forenses tengan insumos, de que los refugios para menores sigan operando y de que la búsqueda de justicia no se detenga por falta de gasolina para las camionetas de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Al cierre de este ciclo fiscal, queda claro que el cinturón se apretó de un solo lado. Mientras el AIFA y los trenes siguen recibiendo mantenimiento y presupuesto de lujo, los temas que duelen en la calle tendrán que esperar a que «haiga» presupuesto en el 2026. Por ahora, el mitote presupuestal deja una lección clara: en la política de la chequera, las obras de concreto siguen mandando sobre las causas sociales.