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Nacional

Hugo Aguilar rechaza retroactividad en Ley de Amparo y busca eficiencia en la SCJN

3 de octubre de 2025 · admin

CDMX a 3 de octubre, 2025.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se sumó al llamado de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para corregir la retroactividad incluida en la reforma a la Ley de Amparo. Aguilar consideró que, aunque la reforma es necesaria para agilizar los juicios, la aplicación retroactiva no lo es y deberá ajustarse en caso de aprobarse en la Cámara de Diputados.

En su primera conferencia de prensa tras asumir la presidencia de la SCJN, Aguilar Ortiz explicó que la reforma era urgente porque los procedimientos anteriores eran “interminables”, y destacó que la Corte será la encargada de garantizar los ajustes pertinentes.

Además de referirse a la Ley de Amparo, el ministro abordó cuestionamientos sobre su equipo y la administración de la Corte. Rechazó los señalamientos de favoritismo político, asegurando que su criterio ha sido técnico y enfocado en derechos humanos. También aclaró que no existen conflictos internos por los espacios del edificio sede, aunque reconoció que algunas áreas serán desconcentradas para optimizar el trabajo.

En cuanto a la nómina, Aguilar Ortiz informó que ya reubicó a 35 personas de su ponencia y redujo personal del cuerpo de seguridad, reemplazándolos por personal capacitado en atención ciudadana y lenguas indígenas.

Sobre la productividad, destacó que la SCJN ha alcanzado cifras récord: en poco más de medio mes resolvieron 116 casos, lo que representa un promedio de 12 casos por sesión, muy por encima de la productividad registrada entre 2003 y 2024, cuando se resolvían entre uno y cinco casos por sesión.

Finalmente, el ministro señaló que la próxima semana presentará sus primeros proyectos de sentencia, aunque los temas más complejos, como prisión preventiva y asuntos fiscales, tardarán al menos un mes en analizarse. Con estas medidas, Aguilar Ortiz busca una Corte más eficiente, técnica y cercana a la ciudadanía, mientras se ajusta la Ley de Amparo para proteger los derechos sin afectar la seguridad jurídica.