El presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, comunicó este martes la inscripción de más de 14 millones de ciudadanos en un programa de voluntariado destinado a la defensa territorial. El anuncio, divulgado a través de sus canales oficiales en redes sociales, ocurre en el marco del conflicto sostenido con los gobiernos de Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero.
La cifra de 14 millones de voluntarios representa aproximadamente el 15.7% de la población total de Irán, calculada en 89 millones de habitantes. De concretarse la absorción de este personal, la movilización constituiría el mayor despliegue de reservas civiles en la región desde la guerra entre Irán e Irak en la década de los ochenta.
En su comunicación digital, Pezeshkian expuso su disposición explícita a la pérdida de su propia vida en el transcurso de las hostilidades. La declaración del mandatario coincide con la publicación de informes por parte de las autoridades de Teherán que cuantifican en miles las bajas, entre víctimas letales y heridos, derivadas de los enfrentamientos de las últimas cinco semanas.
Los datos operativos respecto a la articulación de este contingente civil permanecen sin publicarse. El gobierno central no ha emitido el cronograma de adiestramiento, la cadena de suministro logístico ni la infraestructura designada para el alojamiento y equipamiento bélico de un volumen demográfico de esta escala.
El impacto material de las hostilidades iniciadas en febrero ha modificado la operatividad de los servicios de salud y de emergencia en el territorio iraní. La acumulación de miles de heridos, reportada por las dependencias sanitarias locales, exige una reorientación del presupuesto federal para la adquisición de suministros médicos de traumatología y cuidados intensivos.
Económicamente, la potencial extracción de 14 millones de individuos de la fuerza laboral activa para su integración en tareas de defensa supone un riesgo de paralización para los sectores primario y secundario. Las industrias manufactureras y de extracción de hidrocarburos operan actualmente bajo la presión de las sanciones económicas internacionales y las disrupciones logísticas en el Golfo Pérsico.
La métrica de reclutamiento presentada por el Ejecutivo iraní altera las proyecciones de las agencias de inteligencia sobre la capacidad de resistencia prolongada del país. La conversión de civiles en activos de defensa territorial incrementa la densidad de objetivos potenciales y modifica la asimetría del conflicto en el teatro de operaciones de Medio Oriente.