Una resolución judicial en Chihuahua ha desatado indignación entre actores políticos y sociales, luego de que se frenara un fallo federal que permitiría a una mujer de 96 años acceder a un pago de subsistencia y patrimonial. El caso ha puesto en el centro del debate la protección de los adultos mayores y la actuación del Poder Judicial en situaciones de vulnerabilidad.
La controversia involucra a la jueza Perla Patricia Royval Guerrero, titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, quien emitió una resolución que detiene la ejecución de una orden federal previamente dictada a favor de Evangelina López Guzmán. Dicha orden había sido emitida por el juez federal Alfredo Montes de Oca, con sede en Toluca, quien instruyó al empresario Miguel Zaragoza Fuentes a pagar 100 millones de pesos mensuales durante seis meses como parte de una compensación económica.
El conflicto legal tiene como trasfondo una larga disputa entre López Guzmán y su cónyuge, fundador del conglomerado Zeta Gas, con quien compartió décadas de vida familiar y procreó 11 hijos. Según los señalamientos, el empresario habría incumplido resoluciones judiciales tanto en México como en Estados Unidos, donde incluso un tribunal de divorcio en Texas falló a favor de la mujer, ordenando la cesión de parte del patrimonio empresarial.
La decisión de la jueza Royval Guerrero ha sido duramente criticada por diversos sectores. El senador Manuel Añorve, coordinador del PRI en la Cámara Alta, solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua, presidido por Francisco Javier Acosta Molina, que investigue el actuar de la juzgadora, al considerar que su decisión podría estar marcada por irregularidades o conflictos de interés.
Críticos del fallo sostienen que la resolución contradice criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce a los adultos mayores como un grupo en situación de vulnerabilidad que debe recibir protección especial. Bajo esta perspectiva, los jueces están obligados a garantizar derechos fundamentales como la salud, la familia y una vida digna, aplicando un enfoque diferenciado en sus decisiones.
El caso también ha adquirido una dimensión política. Añorve cuestionó el desempeño del nuevo Poder Judicial surgido tras recientes cambios institucionales, señalando que decisiones como esta afectan precisamente a los sectores más vulnerables que se busca proteger.
Más allá del debate político, el expediente refleja un conflicto legal complejo que ha cruzado fronteras y jurisdicciones, sin que hasta ahora se haya logrado el cumplimiento pleno de las resoluciones a favor de López Guzmán. Para diversos analistas, este caso podría sentar un precedente importante sobre la protección de derechos patrimoniales y humanos en la vejez, así como sobre la rendición de cuentas dentro del sistema judicial mexicano.