El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) solicitó de manera urgente remitir la situación de seguridad y derechos humanos de México ante la Asambrea General de las Naciones Unidas. El objetivo central de este movimiento es la activación de un esquema de asistencia internacional que inyecte recursos financieros y soporte tecnológico directo para intentar contener el rezago en materia de identificación de cuerpos y procesamiento de denuncias penales en el país.
Los indicadores técnicos que fundamentan esta petición emanaron de la sesión ordinaria celebrada el pasado 2 de abril, fecha en la que el CED determinó que las capacidades de los laboratorios locales se encuentran rebasadas. La propuesta del organismo multilateral contempla un diseño operativo dividido en dos vertientes: el subsidio de equipo especializado para el análisis de restos óseos y el financiamiento de personal independiente en las fiscalías locales de las 32 entidades federativas.
Los registros del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestran un acumulado que supera las 100,000 personas bajo este estatus en territorio nacional. Ante esta métrica, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) argumentó que la denominada «crisis forense» requiere de una auditoría externa que homologue los métodos de recolección de muestras biológicas con los estándares internacionales de la Unión Europea y el Centro Carter.
La cooperación técnica internacional que busca implementar el secretariado del organismo operará de manera directa en las zonas de mayor incidencia delictiva del país. El plan prevé robustecer la base de datos de perfiles genéticos, cuya fragmentación actual retrasa los cruces de información entre estados colindantes hasta en un 40%, prolongando la entrega de respuestas a los núcleos familiares afectados durante lapsos que se extienden por años.
Por su parte, los relatores especiales enfatizaron que el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda debe ser fiscalizado bajo reglas de transparencia que incluyan la participación cívica. Las estadísticas internas de los colectivos de búsqueda civiles en México revelan que más del 70% de los hallazgos en fosas clandestinas son realizados por brigadas independientes formadas por ciudadanos, sin el acompañamiento inicial de agentes ministeriales.
El marco reglamentario que regirá este despliegue se apega al Código de Conducta de los Procedimientos Especiales de la ONU. Este estatuto garantiza la independencia e imparcialidad de los técnicos que arribarán a las instalaciones forenses mexicanas, blindando los peritajes de posibles presiones políticas o modificaciones en las bitácoras de custodia de los servicios periciales del Estado.
Al cierre del pronunciamiento, las agencias de derechos humanos del organismo internacional recordaron que el éxito de los mecanismos de reparación del daño depende de la apertura presupuestaria del gobierno federal. Las comisiones del Congreso de la Unión evalúan actualmente el impacto fiscal que tendría la adopción de este subsidio extranjero, el cual obligaría a las dependencias gubernamentales a transparentar los inventarios de los anfiteatros públicos.