La fricción ideológica sobre la interpretación histórica de la Conquista ha escalado esta semana tras la respuesta formal de Miguel Torruco Garza a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mediante un análisis sustentado en tres pilares, el texto refutó tajantemente la premisa de que México carecía de existencia y estructura civilizatoria antes de 1519, desencadenando un nuevo choque de fuerzas narrativas en el ámbito bilateral.
En su argumentación pública, se descalifica de raíz el discurso que minimiza la complejidad de las culturas originarias. «México no nació en 1519, sino que se liberó en 1821», dictamina el documento, trazando una línea divisoria entre la consumación independentista que dotó de figura jurídica republicana al país, y el desarrollo ininterrumpido de las poblaciones milenarias que precedieron la llegada de Hernán Cortés.
El pronunciamiento confronta las aseveraciones provenientes de Madrid utilizando como anclaje los hitos arqueológicos del centro neurálgico mexicano. Se citan los recientes descubrimientos del Huey Tzompantli, en la calle Guatemala 24, para ilustrar cómo el trabajo de campo multidisciplinario demuestra una organización estatal e ideológica sofisticada, echando por tierra la tesis del vacío civilizatorio que postula el eurocentrismo.
Distintas voces del ámbito historiográfico han señalado repetidamente que la instrumentalización de estructuras como el Tzompantli para clasificar a los pueblos mesoamericanos como «bárbaros» ignora la cosmovisión interna de la época. El documento recoge este consenso académico para denunciar cómo los pasajes históricos siguen siendo deformados deliberadamente en la actualidad para validar retrospectivamente el imperialismo ibérico.
La tensión del manifiesto alcanza su punto más álgido en el terreno ético, donde se expone abiertamente una «paradoja moral». Se interpela la narrativa pacificadora y salvadora de la Conquista al realizar un contraste directo entre la naturaleza del sacrificio ritual mesoamericano y las sentencias capitales emitidas por la Santa Inquisición, recordando que el sistema europeo quemó en la hoguera a miles de personas bajo directrices puramente de control político-religioso.
Al cuestionar qué diferencia moral concreta existe entre ambos sistemas punitivos y religiosos, el texto desmantela la presunta superioridad ética de la Corona de Castilla y la Iglesia Católica del siglo XVI. Se hace hincapié en que el arribo europeo no representó una transición hacia la libertad civil, sino la violenta sustitución de un paradigma dominante por otro.
El emplazamiento final advierte de forma directa sobre la inviabilidad de hacer política exterior en el siglo XXI sobre cimientos coloniales. Al exigir «soberanía epistémica», el posicionamiento establece como condición innegociable para cualquier diálogo político futuro el reconocimiento íntegro de la identidad milenaria mexicana, cerrando el paso a visiones que juzga incompatibles con la realidad histórica comprobada.