La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, confrontó directamente el anuncio de Morena sobre un inminente juicio político en su contra, resumiendo la amenaza legislativa con la frase: «cada quien hace lo que puede». La declaración oficial responde a los señalamientos del partido obradorista, el cual acusa a la administración estatal de injerencia directa en las manifestaciones políticas del fin de semana en la capital del estado.
El recurso de juicio político, establecido en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, es un mecanismo de rendición de cuentas diseñado para sancionar a servidores públicos que incurran en actos u omisiones graves en el ejercicio de sus funciones. La advertencia de Morena exige investigar la presunta movilización de recursos logísticos del erario para nutrir las marchas, un señalamiento que requiere pruebas documentales y financieras sólidas ante la autoridad investigadora.
En su defensa pública a las 13:10 horas de este martes, Campos argumentó que en su estado las personas «votan de manera libre», rechazando categóricamente cualquier coacción gubernamental sobre los asistentes a la movilización. Esta postura traslada la carga de la prueba a la fracción parlamentaria de Morena, obligándolos a demostrar el presunto desvío de recursos públicos hacia actos de proselitismo.
Representantes legales y auditores señalan que un juicio político de esta envergadura exige la integración de un expediente técnico avalado por la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Sin dictámenes periciales que comprueben el uso de presupuesto estatal en la marcha, la amenaza legislativa carece de soporte jurídico vinculante y se mantiene en el terreno del posicionamiento político.
La administración de Campos ya ha enfrentado revisiones de cuenta pública en ejercicios anteriores, manteniendo una constante fricción con las instancias de fiscalización promovidas por el bloque opositor. Este nuevo capítulo obligaría a una auditoría exhaustiva de las bitácoras vehiculares, gastos operativos y presupuestos de comunicación social del gobierno estatal durante los días previos al evento dominical.
El choque de declaraciones evidencia la ruptura total en los canales de comunicación institucional entre el Palacio de Gobierno y la dirigencia estatal de Morena. Voceros del partido oficialista a nivel federal han respaldado la iniciativa de sus diputados locales, analizando elevar la solicitud de investigación a instancias federales si el legislativo estatal desecha el caso por falta de pruebas.
Mientras se formaliza la entrega de los documentos acusatorios, el gobierno de Chihuahua mantiene sus operaciones regulares. El desarrollo de este recurso legal someterá a escrutinio la capacidad del marco jurídico estatal para procesar denuncias de corrupción y desvío de recursos entre poderes ejecutivos y legislativos rivales.