El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una convocatoria oficial para celebrar una conferencia de prensa este miércoles 20 de mayo de 2026 en la Torre de la Libertad de Miami, Florida. Fuentes judiciales y reportes de cadenas como CBS News indican que el gobierno estadounidense presentará una acusación criminal formal en contra del expresidente cubano Raúl Castro, imputándole la responsabilidad directa en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996.
La sesión informativa estará presidida por el fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, en compañía del fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones. El expediente técnico se fundamenta en la muerte de cuatro tripulantes pertenecientes a la organización civil Hermanos al Rescate, dedicados a la localización y asistencia de balseros en el estrecho de Florida durante la década de los noventa.
Los datos duros incorporados al expediente corresponden al fallecimiento de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, de 29 años; Armando Alejandre, de 45; Mario Manuel de la Peña, de 24, y el residente legal Pablo Morales, de 29 años. Las investigaciones ministeriales señalan que las órdenes de intercepción aérea con aviones de combate MiG-29 de la fuerza aérea cubana fueron autorizadas por Raúl Castro en su carácter de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la isla.
El proceso legal se radicará formalmente ante un gran jurado de la corte del Distrito Sur de Florida, órgano encargado de validar los cargos de homicidio en primer grado y conspiración para destruir aeronaves comerciales en espacio aéreo internacional. La base probatoria de la fiscalía estadounidense incluye el informe oficial de la Organización de Aviación Civil Internacional dependiente de la ONU, el cual determinó que el ataque ocurrió fuera de las 12 millas náuticas correspondientes al mar territorial de Cuba.
Por su parte, la postura oficial de La Habana se ha mantenido sin modificaciones en sus archivos históricos, argumentando que las aeronaves modelo Cessna 337 Skymaster violaron de forma reiterada la soberanía aérea del país y que los tripulantes operaban bajo esquemas de financiamiento calificados por el gobierno isleño como terroristas. La cancillería cubana sostiene que las advertencias radiales previas al derribo fueron ignoradas por los pilotos civiles.
El anuncio de esta imputación coincide con el endurecimiento de las medidas de presión económica y diplomática dictadas por la administración del presidente Donald Trump hacia la región del Caribe. Los indicadores de comercio exterior muestran un impacto directo tras el bloqueo petrolero implementado luego de la detención en enero del gobernante venezolano Nicolás Maduro en Caracas, quien actualmente se encuentra recluido en una prisión federal de Nueva York.
Las medidas restrictivas contra el gobierno cubano sumaron una orden ejecutiva firmada el pasado 1 de mayo que amplió las sanciones financieras de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, restringiendo transacciones internacionales de divisas. Asimismo, el listado de exclusión sumó este lunes 18 de mayo a 11 altos cargos políticos y militares de la isla, inmovilizando sus cuentas bancarias y activos en territorio bajo jurisdicción norteamericana.