La Fiscalía General de la República (FGR) expandió la carpeta de investigación penal en el estado de Chihuahua al documentar que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos utilizaron uniformes oficiales y distintivos de la Agencia de Investigación Estatal (AEI) local. Las auditorías forenses y las bitácoras operativas bajo resguardo ministerial indican que esta suplantación de funciones se ejecutó para ocultar la presencia de la célula extranjera durante el despliegue táctico terrestre.
Los peritajes informáticos aplicados a la infraestructura de la Plataforma Centinela revelan un flujo irregular de datos biométricos y registros de geolocalización que coinciden con los movimientos de la célula binacional. Los registros analizados por la federación demuestran que el esquema tecnológico de seguridad estatal, operado bajo contratos de intermediación privada, facilitó el acceso a bases de datos criminales a personal que carece de acreditación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La cuantificación de los recursos logísticos utilizados en el perímetro del operativo arroja que al menos seis camionetas oficiales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fueron asignadas al traslado exclusivo de los elementos estadounidenses. El análisis de los números de inventario y los vales de combustible correspondientes al mes de abril de 2026 confirma el desvío de partidas presupuestales locales para el financiamiento de actividades de inteligencia extranjera.
El primer dictamen técnico de la FGR señala que el uso de uniformes de la AEI por parte de personal civil extranjero constituye un delito de falsedad ante la autoridad y fraude procesal grave. Esta alteración del protocolo ministerial invalida el sustento jurídico de las detenciones y los aseguramientos materiales realizados en la región de Morelos, Chihuahua, debido a la violación flagrante al debido proceso y las cadenas de custodia.
De acuerdo con las mediciones de los radares de la Fuerza Aérea Mexicana y el cruce de datos migratorios, los agentes de la CIA operaron en territorio chihuahuense sin que existiera un registro de ingreso oficial en los puntos de control fronterizo habituales. La falta de bitácoras de vuelo en las terminales aéreas locales apunta a la utilización de pistas de aterrizaje privadas en la zona serrana para el movimiento del personal.
Las revisiones administrativas de la federación indican que la descentralización de la inteligencia policial en Chihuahua generó una brecha de control soberano que permitió la intervención ilícita de redes de radiocomunicación estatales. El informe pericial detalla que las frecuencias de la policía local estuvieron enlazadas a terminales de comunicación satelital encriptada propiedad del gobierno de los Estados Unidos durante las 72 horas que duró el despliegue.
El cierre de esta fase de la investigación técnica incluye la recopilación de los inventarios de armamento de la AEI para determinar si las armas utilizadas por los agentes extranjeros pertenecían al estado de Chihuahua o si ingresaron al país de forma clandestina. Los datos duros obtenidos hasta el momento han sido integrados al expediente de seguridad nacional que la fiscalía federal presentará formalmente ante el Poder Judicial de la Federación.