El entramado judicial entre el gobierno de Chihuahua y las instancias penales de la Ciudad de México entró en una fase de definiciones procesales. Tras recibir la notificación electrónica el pasado lunes 25 de mayo de 2026 a las 16:08 horas, el equipo jurídico de la gobernadora María Eugenia Campos Galván afina la estrategia para la audiencia programada para este viernes 29 de mayo a las 10:00 horas en los juzgados de la alcaldía Xochimilco, sin que la mandataria tenga la obligación legal de presentarse de manera física.
La notificación fue enviada formalmente por la licenciada Karla Elizabeth Cortés Álvarez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). El documento aclara el panorama procesal: la agente ministerial actúa como el canal de comunicación oficial para ejecutar un mandato ordenado directamente por la Unidad de Gestión Judicial Siete del Poder Judicial de la Ciudad de México, desmitificando las dudas sobre la competencia directa del órgano acusador para mandar a llamar a una autoridad estatal.
La comparecencia se fundamenta estrictamente en el Artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Este recurso legal permite a los denunciantes, en este caso al senador Javier Corral Jurado, impugnar formalmente las decisiones de la Fiscalía cuando esta determina el «no ejercicio de la acción penal», una resolución de carpetazo que ya había sido aprobada a favor de la gobernadora el pasado 27 de febrero de 2026.
En términos estrictamente técnicos, las reglas del juego del sistema penal acusatorio no exigen que la persona investigada se siente en el banquillo durante este tipo de audiencias de control. La ley permite que la denominada «defensa técnica» tome la batuta del proceso, por lo que los abogados particulares de Campos Galván, debidamente acorazados con un poder notarial, serán quienes den la cara y presenten los argumentos jurídicos ante el juzgador en la capital del país.
El estatus de gobernadora constitucional y el fuero que la acompaña juegan un papel central pero limitado en esta etapa. El fuero constitucional impide que la mandataria sea vinculada a proceso o detenida sin un juicio de procedencia previo en el Poder Legislativo, pero no bloquea las etapas de investigación ni las notificaciones de control judicial. Por ello, la diligencia camina sobre una cuerda firme sin incurrir en violaciones a las prerrogativas federales de la funcionaria.
Con este marco legal a la mano, la estrategia del equipo de Chihuahua apunta a parar el golpe publicitario y evitar lo que en los pasillos judiciales se conoce como una pasarela mediática. Al no estar obligada a pisar los juzgados del sur de la ciudad, la gobernadora evita la fotografía en las escalinatas judiciales, un flanco que sus opositores políticos buscaban explotar en el marco de esta confrontación que ya lleva varios meses en el radar público.
El caso que se reactiva provisionalmente está radicado en la carpeta de investigación acumulada CI-FIEAE/C/UI-1 C/D/00238/08-2024 R1. En dicho expediente se indagan acusaciones por presuntos delitos de privación de la libertad personal, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. La cita judicial de este viernes se llevará a cabo específicamente en la Sala de Oralidad Número 8, ubicada en el Circuito Javier Piña y Palacios, en la colonia San Mateo de Xochimilco.
La sesión estará bajo la conducción de un juez de control de la Ciudad de México, quien será asignado de forma aleatoria mediante el Sistema de Gestión Judicial de la capital. La tarea del juzgador consistirá exclusivamente en revisar si los elementos presentados por la Fiscalía para decretar el carpetazo en febrero fueron sólidos o si la impugnación de Corral Jurado tiene los dientes necesarios para obligar a reabrir la investigación.
Mientras las cartas jurídicas se juegan en la CDMX, la gobernadora Campos Galván mantiene su postura de que este proceso forma parte de un embate político orquestado en su contra para desestabilizar la administración de Chihuahua. Con el reloj corriendo, la jornada del viernes en Xochimilco no definirá una culpabilidad penal, pero sí reacomodará las piezas en el tablero de ajedrez que sostienen las dos figuras de la política norteña en los tribunales del centro del país.