Por Antonio Dávila
El crimen organizado en México no sólo recluta sicarios. También necesita cocineros, halcones, sembradores, cargadores, choferes, vigilantes, jornaleros, mensajeros y mano de obra desechable para sostener economías ilegales que van del narcotráfico a la tala, la minería, la extorsión y el control de rutas.
Una investigación reciente sobre la Sierra Tarahumara documentó cómo hombres vulnerables fueron reclutados con falsas ofertas de empleo y después sometidos a trabajo forzado en campamentos criminales. Las víctimas fueron obligadas a cultivar amapola y marihuana bajo amenazas, violencia, hambre y condiciones de cautiverio.
El caso exhibe una zona poco investigada de la crisis de desapariciones: personas que no necesariamente aparecen como víctimas de trata laboral, pero tampoco regresan a casa. Algunas pudieron ser asesinadas, otras permanecen cautivas y otras fueron absorbidas por circuitos criminales donde la frontera entre reclutamiento, esclavitud y desaparición se vuelve borrosa.
La hipótesis es grave: una parte de los desaparecidos podría estar vinculada no sólo a ejecuciones o levantones, sino a economías criminales que usan personas como fuerza de trabajo. La pregunta es cuántas víctimas han sido enganchadas por ofertas falsas, llevadas a zonas remotas y obligadas a trabajar bajo control armado.
El fenómeno no se limita a Chihuahua. En Jalisco, el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, colocó en la conversación pública el uso de espacios criminales para adiestramiento y reclutamiento. La Fiscalía General de la República reconoció que el lugar fue utilizado como centro de entrenamiento del CJNG; la CNDH señaló omisiones de autoridades locales tras el hallazgo y familiares reportaron miles de objetos personales encontrados en el sitio.
Las ofertas laborales falsas aparecen como una ruta de enganche cada vez más visible. Una iniciativa legislativa presentada en 2025 advirtió que estos mecanismos han cobrado relevancia en México, especialmente en contextos de precariedad laboral y vulnerabilidad social, y vinculó el tema con casos recientes de reclutamiento criminal.
El problema también toca a niñas, niños y adolescentes. La CNDH ha reconocido el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado como una forma de trata infantil, en la que menores son explotados en actividades delictivas.
La Comisión Nacional de Búsqueda cuenta con una versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que permite consultar datos por año, entidad, municipio, sexo, edad y delito investigado. Sin embargo, ese registro no permite dimensionar por sí solo cuántas desapariciones están vinculadas a trabajo forzado, reclutamiento o explotación criminal.
El vacío no es menor. México arrastra una crisis con más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas, según reportes recientes sobre el registro oficial. En marzo de 2026, el gobierno federal presentó una revisión de esa base y sostuvo que una parte de los casos tenía actividad posterior o datos insuficientes, pero los registros permanecen abiertos por la presión de familias y colectivos.
La trata de personas sí está reconocida oficialmente como una forma moderna de esclavitud que incluye explotación sexual y trabajo forzoso. El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública describe la trata como “la esclavitud del siglo XXI” y reconoce que puede abarcar trabajo forzoso.
Pero la categoría penal no siempre alcanza para contar lo que ocurre en campo. Una víctima puede aparecer registrada como desaparecida, privada de la libertad, víctima de trata, secuestro, homicidio o sin carpeta clara. Esa dispersión impide saber cuántos casos responden a una misma cadena: oferta falsa, traslado, aislamiento, sometimiento y explotación.
El reportaje debe seguir tres rutas: cómo se engancha a las víctimas, qué ocurre durante el cautiverio y por qué casi nadie paga por esos delitos. Sin esa reconstrucción, el trabajo forzado del narco seguirá apareciendo como una excepción, cuando podría ser una pieza estructural de las economías criminales.