Por Bruno Cortés
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, lanzó nuevas críticas contra la reforma que busca aplazar la elección judicial federal hasta 2028 y hacerla coincidir con el ejercicio de revocación de mandato. Para el legislador priista, el cambio no solo genera confusión legal, sino que también pone en riesgo la credibilidad del sistema electoral y judicial del país.
La discusión ocurre mientras la Cámara de Diputados analiza modificar la fecha originalmente prevista para la elección judicial de 2027 y moverla al 4 de junio de 2028. La intención del oficialismo es que esa jornada coincida con la consulta de revocación de mandato presidencial, una figura creada para que la ciudadanía decida si un presidente debe continuar o no en el cargo antes de terminar su sexenio.
Sin embargo, Moreira advirtió que el problema está en que la propia legislación actual prohíbe mezclar ejercicios como la revocación de mandato con elecciones federales o locales. Según explicó, la reforma crea contradicciones jurídicas, conocidas en el ámbito legal como “antinomias”, porque una parte de la Constitución diría una cosa y otra establecería lo contrario.
En términos sencillos, el priista sostiene que el gobierno intenta acomodar varias votaciones el mismo día sin resolver primero los conflictos legales que eso puede provocar. El riesgo, dijo, es terminar con procesos electorales más complicados, menos claros y con mayor posibilidad de disputas políticas o judiciales.
Moreira puso como ejemplo que la revocación de mandato debe realizarse después del tercer año de gobierno federal, y justo en ese periodo también coinciden elecciones locales en varios estados del país, como Oaxaca, Durango e Hidalgo. Eso significaría que la ciudadanía tendría que votar al mismo tiempo por autoridades locales, participar en ejercicios federales y ahora también elegir integrantes del Poder Judicial.
El legislador aseguró que la Constitución debería servir para generar estabilidad y certeza, no para abrir nuevas disputas legales. A su juicio, las reformas impulsadas desde la mayoría oficialista terminan modificando reglas fundamentales sin construir acuerdos amplios entre las fuerzas políticas.
El coordinador priista también criticó otra iniciativa relacionada con la posible injerencia extranjera en elecciones mexicanas. Según explicó, la propuesta permitiría anular elecciones sin establecer con claridad cómo se demostraría la influencia externa en los resultados. Además, advirtió que algunos puntos podrían terminar afectando la libertad de expresión y generar mecanismos de censura hacia medios de comunicación.
Otro tema que encendió el debate fue la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear una comisión interna en el Instituto Nacional Electoral encargada de revisar perfiles de riesgo o posibles vínulos criminales de candidatos.
Para Moreira, el planteamiento es insuficiente y además choca con principios básicos como la presunción de inocencia y el debido proceso. Incluso afirmó que la propia presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha mostrado reservas sobre el tema.
El diputado consideró que el verdadero problema de seguridad electoral va mucho más allá de revisar perfiles de candidatos. Señaló que existen regiones donde hay candidaturas únicas, amenazas contra aspirantes y riesgo de infiltración del crimen organizado en partidos políticos y gobiernos municipales.
En ese contexto, propuso que todas las fuerzas políticas construyan un frente común contra la violencia y conviertan la seguridad pública en uno de los principales temas de campaña rumbo a los próximos procesos electorales.
Moreira también aprovechó para lanzar críticas contra la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que la política de “abrazos y no balazos” terminó siendo más un mensaje político que una verdadera estrategia de combate al crimen, y sostuvo que sus efectos todavía impactan en la vida pública y electoral del país.
El debate sobre la reforma judicial y las nuevas reglas electorales sigue creciendo dentro del Congreso. Mientras el oficialismo defiende los cambios como parte de una transformación institucional, la oposición advierte que las modificaciones podrían provocar más incertidumbre jurídica y tensiones políticas en los próximos años.