Por Bruno Cortés
La diputada de Morena Karla Patricia Sánchez Rodelo aseguró que la transformación del sistema de justicia en México no puede quedarse únicamente en los cambios al Poder Judicial. Ahora, dijo, el siguiente paso urgente es reformar la Fiscalía General de la República y modernizar la forma en que se investigan los delitos en el país.
Por eso, anunció la realización de una nueva mesa técnica permanente en materia penal llamada “Hagamos de la ley algo efectivo”, un espacio donde participarán jueces, especialistas, académicos y representantes del sistema judicial para revisar posibles cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y al Código Nacional de Procedimientos Penales.
La legisladora explicó que muchas personas sienten que la justicia en México es lenta, complicada y lejana, especialmente cuando se convierten en víctimas de un delito. Según planteó, el objetivo de estas reformas es que las fiscalías realmente funcionen de manera autónoma, es decir, sin depender de intereses políticos, y que puedan investigar de forma más eficiente y humana.
Uno de los principales problemas que buscan atacar tiene que ver con las primeras horas después de una detención. De acuerdo con el especialista Jesús Cruz Meza, quien acompañó a la diputada en la presentación, es justamente en las primeras 48 horas donde suelen registrarse irregularidades, abusos o violaciones a derechos humanos dentro de las fiscalías.
Actualmente, explicó, muchas personas detenidas y sus abogados ni siquiera tienen acceso rápido a la información de las investigaciones. En ocasiones, la defensa conoce el contenido de una carpeta de investigación hasta que inicia la audiencia ante un juez, lo que limita la posibilidad de preparar una defensa adecuada.
Por ello, una de las propuestas más importantes será digitalizar las carpetas de investigación para que abogados, víctimas e incluso personas investigadas puedan consultar la información de manera inmediata y transparente. La idea es utilizar herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para agilizar procesos que hoy todavía funcionan con trámites lentos, documentos físicos y burocracia excesiva.
En términos simples, el cambio busca que las investigaciones no dependan de papeles acumulados en oficinas o de procesos que pueden tardar semanas. La intención es construir un sistema más rápido y menos opaco, donde las víctimas tengan acceso a información clara y donde también se respeten los derechos de las personas acusadas.
Sánchez Rodelo afirmó que otro de los objetivos es evitar la llamada “revictimización”, un problema frecuente cuando quienes denuncian delitos tienen que repetir varias veces su historia ante distintas autoridades o enfrentan procesos desgastantes sin recibir resultados.
La diputada también señaló que las reformas buscarán armonizar las leyes en todo el país para que las fiscalías estatales trabajen bajo criterios similares y no existan enormes diferencias entre entidades. Esto, dijo, ayudaría a que el acceso a la justicia no dependa del estado donde vive una persona.
Durante los trabajos también participará el magistrado Ricardo Garduño y otros especialistas en derecho penal, quienes discutirán propuestas relacionadas con investigación del delito, derechos humanos y modernización tecnológica del sistema judicial.
Además, la morenista advirtió que el actual modelo penal ha terminado afectando principalmente a sectores vulnerables, por lo que insistió en que el nuevo enfoque debe evitar que la pobreza siga siendo criminalizada.
El debate ocurre en medio de la discusión nacional sobre la reforma judicial impulsada por el oficialismo. Mientras el gobierno federal sostiene que busca transformar la justicia en México, ahora legisladores de Morena reconocen que las fiscalías siguen siendo uno de los eslabones más débiles del sistema y que sin cambios profundos difícilmente se podrá recuperar la confianza ciudadana.