Por Bruno Cortés
El debate sobre el agua en México volvió a colocarse en el centro de la discusión legislativa. Senadores, diputados, funcionarios, especialistas y organizaciones civiles coincidieron en que la nueva ley reglamentaria en materia hídrica debe servir para poner orden en las concesiones, evitar abusos y garantizar que el acceso al agua beneficie primero a la población y no únicamente a intereses económicos.
Durante el foro “Actualización en los trámites a raíz de la aprobación de la Ley General de Aguas. Acercamiento con CONAGUA”, realizado para revisar los avances de la legislación secundaria, uno de los temas más repetidos fue que el agua no puede seguir tratándose como una mercancía.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que el objetivo central de la nueva reglamentación debe ser reconocer el agua como un derecho humano y no como un negocio. Explicó que detrás de esta discusión existen décadas de conflictos sociales, luchas comunitarias y disputas por el acceso al recurso, especialmente en regiones donde el agua ha sido acaparada por grandes empresas o por intereses particulares.
La discusión no es menor. En términos sencillos, las concesiones de agua son permisos que otorga el gobierno para usar ríos, pozos o mantos acuíferos. El problema, según legisladores y especialistas, es que durante años hubo permisos mal regulados, concentración del recurso y poca vigilancia, lo que abrió espacios para corrupción, sobreexplotación y desigualdad en el acceso.
La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz señaló que la aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales impulsadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscan modernizar un marco legal que ya era insuficiente frente a la crisis hídrica que vive el país.
La legisladora sostuvo que ahora el reto es aterrizar esas reformas en reglamentos claros que realmente funcionen en la práctica. Es decir, que no se queden únicamente escritas en la ley, sino que establezcan cómo se otorgarán concesiones, cómo se vigilará el uso del agua y qué sanciones habrá para quienes incumplan las normas.
Por su parte, la diputada Dolores Padierna Luna explicó que el nuevo modelo debe evitar vacíos legales y discrecionalidad, palabras que en términos cotidianos significan impedir que las autoridades tomen decisiones poco transparentes o favorezcan intereses particulares.
Desde la Comisión Nacional del Agua, Óscar Zavala Gamboa, subdirector jurídico de Conagua, indicó que el nuevo esquema busca ordenar las concesiones sin afectar sectores estratégicos como la producción alimentaria, el empleo y el desarrollo económico. También recordó que el derecho humano al agua quedó como uno de los principios centrales de la legislación aprobada el año pasado.
A su vez, Gloria del Mar Cilia Luna, representante de Conagua, explicó que las reformas reglamentarias contemplan cambios importantes en temas como compra y venta de propiedades ligadas a concesiones de agua, derechos sucesorios, fusiones empresariales y nuevas reglas para regularizar permisos y obras de captación.
En el fondo, lo que se discute es cómo repartir y administrar un recurso cada vez más escaso en un país donde las sequías, la sobreexplotación de acuíferos y la desigualdad en el acceso al agua se han convertido en problemas cotidianos. Por eso, legisladores y especialistas insistieron en que la nueva reglamentación debe construirse escuchando a comunidades, productores, empresas y autoridades, para evitar que el acceso al agua siga dependiendo del poder económico o político.