La disputa por el control político de Coahuila entró en una nueva etapa. Ricardo Mejía Berdeja, diputado federal del PT, promovió una demanda de juicio político contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el fiscal general Federico Fernández Montañez, de acuerdo con la copia del escrito difundida este viernes.
El movimiento lleva al terreno federal una confrontación que comenzó durante la elección del 7 de junio. La solicitud señala presuntas irregularidades electorales, posibles actos de intimidación y un supuesto esquema de compra de votos mediante códigos QR.
El contexto político es relevante: la alianza PRI-UDC obtuvo una ventaja amplia en la elección legislativa. Con la captura total de actas reportada por el PREP, sumó 684 mil 515 votos, el 55%, y encabezó los 16 distritos de mayoría relativa. Morena y el PT alcanzaron 326 mil 012 sufragios, el 26%.
El resultado fortaleció al PRI en uno de sus principales bastiones territoriales. Al mismo tiempo, colocó a Morena y a sus aliados ante el reto de sostener sus acusaciones mediante expedientes, pruebas verificables y recursos ante las autoridades competentes.
Desde el cierre de las urnas, Morena denunció un presunto mecanismo de compra de votos que habría utilizado identificadores digitales y fotografías para validar sufragios. El partido anunció que llevaría sus señalamientos ante el Instituto Electoral de Coahuila, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Policía Cibernética.
La demanda de Mejía amplía el frente de confrontación. Ya no se limita a cuestionar los resultados o la operación electoral: apunta directamente al gobernador y al fiscal, dos actores clave del aparato institucional estatal.
El escrito también recupera una lectura política que el legislador ha impulsado previamente: que las elecciones locales separadas del calendario federal favorecen a las estructuras territoriales con mayor capacidad de movilización. La jornada del 7 de junio fue un proceso exclusivamente local para renovar 25 diputaciones.
El expediente deberá recorrer la vía parlamentaria correspondiente. Su presentación no equivale a una sanción ni demuestra las acusaciones. El siguiente paso será conocer si la Cámara confirma la recepción formal, qué trámite asigna al documento y qué respuestas ofrecen las autoridades señaladas.