La crisis política en Sinaloa entró en una nueva fase después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios estatales de presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.
La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y, de acuerdo con el comunicado oficial, incluye a diez personas vinculadas al gobierno y al aparato de seguridad de Sinaloa. Entre ellas aparece Rocha Moya, señalado por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.
La primera clave está en la gravedad del expediente. No se trata de un señalamiento político aislado, sino de una imputación federal estadounidense que coloca a un gobernador mexicano en el centro de una investigación sobre presunta protección institucional a una organización criminal.
La segunda clave es la ruta legal. En México, la existencia de una solicitud de detención con fines de extradición no implica una captura automática. La Secretaría de Seguridad informó que, hasta finales de mayo, Interpol no había emitido ficha roja contra Rocha Moya y que cualquier procedimiento debe pasar por revisión de las autoridades mexicanas.
La tercera clave es la respuesta del Gobierno federal. Claudia Sheinbaum ha planteado que México no protegerá a nadie que haya cometido un delito, pero también ha pedido pruebas claras para proceder. Ese discurso permite al gobierno sostener una defensa del debido proceso sin asumir una defensa política total del gobernador con licencia.
La cuarta clave está en el entorno de seguridad de Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, quedó detenido en Estados Unidos, de acuerdo con reportes publicados en México. Su situación judicial añade presión al expediente, porque fue parte del aparato de seguridad durante la administración de Rocha Moya.
La quinta clave es el origen de las acusaciones. Reportes periodísticos han vinculado la investigación estadounidense con el caso de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa integrada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según esa línea, la acusación se desprende de expedientes y testimonios acumulados en procesos previos en Estados Unidos.
El caso también abrió un frente financiero. La banca mexicana inmovilizó de manera preventiva cuentas de Rocha Moya y de otros señalados, una medida que, según la información disponible, no implica acreditación de responsabilidad, sino una reacción de cumplimiento ante alertas del sistema financiero.
Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y los ha calificado como falsos y sin fundamento. Hasta que exista una resolución judicial, las acusaciones deben tratarse como imputaciones no probadas.
La crisis, sin embargo, ya produjo efectos políticos. La licencia de Rocha, la presión diplomática, el papel de la FGR y la revisión de posibles extradiciones colocan a Sinaloa en el centro de una disputa entre justicia, soberanía y combate al crimen organizado.
En ese escenario, el caso dejó de ser sólo un asunto estatal. Hoy funciona como una prueba para el Gobierno de México, para la Fiscalía General de la República y para la relación bilateral con Estados Unidos.