Por Bruno Cortés
Integrantes del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia (MNSPJ) presentaron este martes en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma legislativa orientada a garantizar la certeza laboral de 750 mil servidores públicos del sector de seguridad y procuración de justicia. El proyecto técnico busca modificar los esquemas de contratación y permanencia de policías, ministerios públicos y peritos en los tres niveles de gobierno.
La iniciativa, coordinada con el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través del diputado Julio Scherer Pareyón, plantea un marco de estabilidad laboral que busca blindar a los elementos operativos contra despidos injustificados derivados de los cambios de administración civil. El análisis estadístico del movimiento señala que la falta de permanencia reduce la eficiencia del sistema de justicia penal en un 35% debido a la rotación de personal calificado.
Durante el encuentro, que coincidió con la entrega de constancias de titulación a personal sustantivo de fiscalías locales y de la Fiscalía General de la República (FGR), se detalló que el universo de beneficiarios potenciales abarca a los cuerpos de proximidad, investigadores y especialistas forenses del país. La carencia de un servicio profesional de carrera homologado constituye actualmente la principal vulnerabilidad contractual de estos servidores.
Jaime Ramón Bernal García, presidente del MNSPJ, afirmó que la profesionalización del gremio policial funciona como un indicador del compromiso de los operadores del sistema de justicia con el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Explicó que la construcción de la propuesta jurídica con la Cámara Baja dotará a las corporaciones de herramientas de certidumbre para el ejercicio diario de sus funciones en campo.
El diagnóstico presupuestal y operativo adjunto a la propuesta legislativa argumenta que la inversión en capacitación universitaria disminuye su impacto social cuando los elementos son removidos de sus cargos sin criterios técnicos. Los promoventes buscan que la certificación de competencias sea el único factor que determine la permanencia y el ascenso dentro del organigrama de las corporaciones de seguridad del país.
Por su parte, Luis Manuel Muñoz Cardoso, miembro de la dirigencia del MNSPJ, apuntó que el personal de las fiscalías asume jornadas laborales extenuantes que superan las 48 horas semanales bajo condiciones de alta presión psicológica. El representante gremial argumentó que la obtención de grados académicos por parte del personal operativo dignifica la función pública y eleva de forma directa los estándares de atención ciudadana.
Al cierre de la sesión de trabajo en el recinto legislativo de San Lázaro, se estableció una mesa técnica permanente entre los asesores de la Comisión de Seguridad Pública y los delegados del movimiento policial. El objetivo calendarizado es registrar el dictamen antes del término del periodo ordinario de sesiones para iniciar el proceso de dictaminación en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad.