Por Bruno Cortés
El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmó la captura de Ramón Álvarez Ayala, alias «El R1», presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El operativo de inteligencia, ejecutado en Atotonilco El Alto, Jalisco, puso bajo custodia al principal operador de la célula «Los Rs», ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La detención de «El R1» colocó bajo los reflectores públicos a su hermano, Roldán Álvarez Ayala, exalcalde de Apatzingán y consejero estatal de Morena en Michoacán. Reportes de inteligencia e investigaciones periodísticas ubican a Roldán como presunto mando en la estructura criminal que orquestó el atentado contra el edil michoacano. La viuda de Manzo, Grecia Quiroz, exigió a las autoridades federales ampliar las indagatorias hacia los vínculos políticos de los hermanos Álvarez Ayala, publicando imágenes del consejero morenista junto al actual diputado federal Leonel Godoy Rangel.
Este caso no representa la primera ocasión en que una figura del entorno directo de Leonel Godoy se ve envuelta en imputaciones por delincuencia organizada. En septiembre de 2010, su medio hermano, Julio César Godoy Toscano, ingresó de manera clandestina a la Cámara de Diputados en San Lázaro, oculto en un vehículo asignado a la bancada perredista. La maniobra le permitió rendir protesta y obtener fuero constitucional para evadir una orden de aprehensión girada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos nexos con La Familia Michoacana.
Aquel episodio culminó tres meses después, en diciembre de 2010, cuando el pleno del recinto legislativo votó su desafuero tras la divulgación de conversaciones telefónicas entre el legislador y Servando Gómez Martínez, alias «La Tuta». Godoy Toscano se dio a la fuga inmediatamente después de perder la inmunidad parlamentaria y permanece en calidad de prófugo.
Tras la aprehensión de Ramón Álvarez Ayala en Jalisco, la dirigencia nacional de Morena emitió un pronunciamiento deslindándose de «El R1» y afirmando que el detenido jamás ha militado en sus filas. Por su parte, la representación legal de la familia Manzo insistió en que el Ministerio Público Federal debe deslindar responsabilidades penales e investigar las redes de protección política en la región de Tierra Caliente.