La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó las órdenes de citación obligatoria para los titulares de los poderes ejecutivos de los estados de Chihuahua y Sinaloa, María Eugenia Campos Galván y Rubén Rocha Moya, respectivamente. Las acciones ministeriales se derivan de dos carpetas de investigación federales independientes que convergen en la presunta vulneración de la Ley de Seguridad Nacional y la soberanía de datos del Estado mexicano durante el primer cuatrimestre del año 2026.
El desglose de las actuaciones judiciales confirma que la notificación dirigida a la gobernadora de Chihuahua, Campos Galván, fue entregada a las 12:00 horas del sábado 23 de mayo de 2026 en el Palacio de Gobierno de dicha entidad. Los agentes federales adscritos a la fiscalía, Joel Cruz y Roberto Chaparro, ejecutaron la diligencia que obliga a la mandataria local a presentarse a declarar ante el Ministerio Público de la República el próximo miércoles 27 de mayo de 2026 a las 10:00 horas.
La carpeta de investigación técnica en Chihuahua cuantifica las irregularidades operativas de la Plataforma Centinela, un sistema de videovigilancia y almacenamiento biométrico operado bajo esquemas de intermediación privada. Los peritajes informáticos de la federación demuestran que las bases de datos de seguridad pública estatal registraron accesos remotos no autorizados por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), eludiendo los controles de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
De manera simultánea, el control de la inteligencia civil federal detectó que la suplantación de la identidad ministerial en la zona serrana de Chihuahua afectó directamente los procesos judiciales en curso. Auditorías logísticas preliminares documentaron el uso de seis camionetas oficiales de la Agencia de Investigación Estatal (AEI) y la entrega de uniformes tácticos reglamentarios a personal de la CIA, lo que invalida el sustento jurídico de las cadenas de custodia y los arrestos locales ejecutados en abril de 2026.
Por su parte, la crisis institucional en el estado de Sinaloa se profundizó tras la publicación de un expediente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York bajo la dirección de Jay Clayton. El documento judicial estadounidense imputa a nueve funcionarios de la administración sinaloense, incluyendo al gobernador constitucional Rubén Rocha Moya, por los delitos federales de conspiración internacional para el tráfico de fentanilo.
Las mediciones del impacto político y administrativo de este encauzamiento criminal resultaron en la solicitud de licencias temporales a sus cargos por parte del gobernador Rocha Moya y del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a principios de mayo de 2026. El marco normativo del Congreso del Estado de Sinaloa procesó los relevos institucionales mientras las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por la vía diplomática son evaluadas por la SRE.
El cierre de la primera fase de investigación pericial contempla el cruce de los registros de radiocomunicación satelital y las transferencias financieras de las secretarías de seguridad de ambas entidades federativas. Los datos duros recopilados por la FGR buscan determinar el nivel de responsabilidad penal de los funcionarios estatales involucrados en la omisión de los reportes obligatorios que mandata el artículo 54 Bis de la Ley de Seguridad Nacional.