Por Bruno Cortés
Una alianza que todavía no existe
Una encuesta de Massive Caller sobre la elección presidencial de 2030 abrió una lectura temprana del tablero político: Morena mantiene fuerza nacional, pero una eventual alianza opositora entre PAN, PRI y Movimiento Ciudadano aparece competitiva bajo una condición que hoy no está resuelta: competir unidos.
De acuerdo con el ejercicio difundido por la encuestadora, una coalición entre PAN, PRI y MC alcanzaría 36.1% de intención de voto, frente a 35.3% de Morena y sus aliados, el PVEM y el PT. La diferencia es mínima, por lo que no permite anticipar un resultado, pero sí muestra un escenario cerrado en caso de que la oposición logre coordinarse.
El dato resulta políticamente relevante porque rompe, al menos en el terreno demoscópico, la idea de que Morena tendría una ventaja automática rumbo a la próxima sucesión presidencial. Sin embargo, el sondeo debe leerse como una fotografía del momento y no como una predicción electoral.
La medición también fortalece el discurso del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien ha insistido en que la oposición sólo tendría posibilidades reales si compite en bloque. El problema para ese planteamiento es que la alianza que proyecta la encuesta no existe actualmente.
En los hechos, el PAN y Movimiento Ciudadano han mantenido una ruta distinta. Sus dirigencias han privilegiado el fortalecimiento de sus propias marcas antes que comprometerse con una coalición amplia encabezada o compartida con el PRI.
Ese es el principal dilema opositor: los números sugieren que una alianza podría volver competitiva la elección, pero las condiciones políticas para construirla todavía no están claras. PAN, PRI y MC tendrían que resolver candidaturas, reparto de poder, narrativa común y costos de ir juntos.
Del lado oficialista, Morena conserva estructura territorial, gobierno federal, presencia legislativa y una marca nacional todavía fuerte. Aun así, el partido enfrenta presiones por conflictos internos, desgaste de figuras públicas y señalamientos que han abierto frentes políticos delicados.
Uno de esos casos es el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La Secretaría de Seguridad federal informó que Interpol no ha emitido ficha roja en su contra, aunque sí existe una solicitud de autoridades de Estados Unidos con fines de extradición, según la versión oficial difundida esta semana.
El caso también alcanzó al senador morenista Enrique Inzunza, exsecretario de Gobierno de Sinaloa, quien ha sido señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Inzunza acudió a declarar ante la Fiscalía General de la República y ha rechazado las acusaciones.
Hasta ahora, esos señalamientos no equivalen a una sentencia ni prueban responsabilidad penal. Políticamente, sin embargo, colocan presión sobre Morena y obligan al partido a administrar el costo público de las acusaciones mientras avanza el calendario electoral.
La encuesta no define la elección de 2030, pero sí deja una señal temprana: el escenario podría cerrarse si Morena acumula desgaste y si la oposición logra resolver su problema de coordinación. Hoy, esa segunda condición sigue siendo la más difícil.
La pregunta de fondo no es sólo si PAN, PRI y MC pueden sumar votos en una encuesta. La pregunta es si pueden construir una candidatura común, sostener un acuerdo político y evitar que sus diferencias internas los dividan antes de llegar a la boleta.