La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió al Congreso capitalino un paquete de tres iniciativas para construir el nuevo marco legal en materia de transparencia y protección de datos personales, luego de la desaparición del anterior instituto garante local. Las propuestas contemplan reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, crear una nueva Ley de Transparencia y expedir una Ley de Protección de Datos Personales.
El paquete legislativo busca establecer una nueva estructura institucional para garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en la capital del país. Entre los puntos centrales, se plantea que el nuevo órgano garante opere como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General.
Además, las iniciativas establecen que la persona titular de este nuevo organismo sería designada directamente por la jefatura de Gobierno en turno, un aspecto que podría abrir el debate político sobre la autonomía e independencia del futuro modelo de transparencia en la capital.
El diputado Víctor Hugo Romo adelantó que el Congreso de la CDMX podría discutir y aprobar el paquete legislativo en sesión plenaria el próximo 31 de mayo, como parte del proceso de adecuación normativa derivado de la desaparición del antiguo instituto garante local.
La reorganización institucional ocurre en medio de cambios nacionales y locales en los sistemas de transparencia, donde diversas funciones han comenzado a redistribuirse entre distintas dependencias gubernamentales y órganos administrativos.
Con este nuevo esquema, el gobierno capitalino pretende poner en operación un modelo que sustituya al mecanismo anterior y defina nuevas reglas para la gestión de información pública, rendición de cuentas y resguardo de datos personales en dependencias locales.
No obstante, especialistas y sectores de oposición han advertido que la concentración del órgano garante dentro de la estructura del Poder Ejecutivo podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad de las resoluciones en materia de acceso a la información pública.
El análisis y eventual aprobación de estas iniciativas marcará una nueva etapa para el sistema de transparencia en la Ciudad de México, en un contexto donde persisten debates sobre autonomía institucional, vigilancia ciudadana y combate a la opacidad gubernamental.