La familia había dado a conocer públicamente las condiciones de hacinamiento en las que vivía y, de acuerdo con diversas declaraciones, incluso mostró fotografías del inmueble a la entonces jefa de Gobierno y hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de solicitar apoyo para encontrar una vivienda que estuviera dentro de sus posibilidades económicas.
Tras la difusión del caso, el proceso fue canalizado hacia el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), organismo responsable de impulsar programas de vivienda social para personas de bajos ingresos. El apoyo consistió en facilitar el acceso a un esquema de financiamiento o crédito habitacional, conforme a las reglas de operación de los programas institucionales.
El caso cobró notoriedad porque la familia convivía con el pato Merlín en un reducido local ubicado en la zona Centro de la capital, situación que generó múltiples reacciones en redes sociales y reavivó el debate sobre el acceso a una vivienda digna para familias en condiciones de vulnerabilidad.
Posteriormente, Claudia Sheinbaum precisó públicamente que su participación se limitó a realizar las gestiones necesarias para que la familia pudiera ser atendida por las instancias correspondientes, y rechazó que hubiera entregado personalmente una casa. La aclaración buscó evitar interpretaciones erróneas sobre el origen del apoyo.
El INVI opera diversos programas dirigidos a personas que enfrentan dificultades para acceder al mercado formal de vivienda, mediante créditos, mejoramiento habitacional o adquisición de inmuebles con criterios de interés social. La asignación de estos apoyos depende del cumplimiento de requisitos y de procesos administrativos establecidos por el organismo.
Aunque la historia del pato Merlín se convirtió en un fenómeno viral por el vínculo afectivo de la familia con el animal, el trasfondo del caso evidenció las dificultades que enfrentan miles de habitantes de la Ciudad de México para acceder a una vivienda adecuada y con costos accesibles. La resolución del caso también puso de relieve el papel de los programas públicos de vivienda como una alternativa para sectores con ingresos limitados.