Por Jhonny Karmenta
En la política de altura, las urnas se llenan con votos, pero a veces se sellan con silencios de alto calibre.
La luz de mi escritorio parpadea con la misma intermitencia que la justicia en este país. Afuera, la ciudad duerme, pero en mi oficina el humo del tabaco se mezcla con el olor a papel viejo y el frío que emana de un expediente digital recién llegado de Washington. Es abril de 2026 y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de soltar una bomba que, en otros tiempos, habría derribado muros; aquí, apenas levanta un bostezo de complicidad en los pasillos del Palacio.
El caso de Rubén Rocha Moya y las elecciones de Sinaloa de 2021 ya no es solo una anécdota de café para analistas trasnochados. Ahora tiene el sello del DOJ. Los gringos, que no dan paso sin huarache, sostienen que el triunfo del gobernador no fue una gesta democrática, sino un contrato firmado bajo la sombra de un pacto con el Cártel de Sinaloa. Un intercambio de favores donde el voto ciudadano fue el rehén.
Mientras en la Ciudad de México se insiste en que las instituciones ya hablaron, en Sinaloa las cicatrices siguen frescas. Recuerdo las crónicas de aquel domingo: no fueron elecciones, fue un operativo de guerra. Paola Gárate y medio centenar de políticos no fueron a las urnas; fueron privados de su libertad para que el «civismo» fluyera sin estorbos hacia un solo lado de la boleta.
La magistrada Aída Inzunza Cázarez, desde el Tribunal Electoral local, redactó en su momento un dictamen que hoy se lee como una obra de ficción fantástica. Para ella, los 206 incidentes registrados —levantones, amenazas, robo de urnas— fueron meras «irregularidades» sin peso. Según su pluma, el triunfo de Rocha Moya es tan legal como un billete de tres pesos, a pesar de que el aroma a pólvora impregnaba cada acta.
Pero el DOJ ha metido una variable que rompe el guion oficial: reuniones previas con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán. No fue una coincidencia en un restaurante; según la acusación, fue una planeación estratégica. La facción delictiva desmanteló a la oposición no con propuestas, sino con el terror, a cambio de colocar piezas clave en el tablero del servicio público estatal.
Desde el púlpito presidencial, Claudia Sheinbaum mantiene el escudo en alto. Dice que no hay pruebas, que la FGR no tiene sentencias y que lo que diga un fiscal extranjero es ruido de campaña. Es la vieja táctica del avestruz: si el tribunal dijo que ganamos, el origen del dinero y el apoyo de los fusiles es lo de menos. La legalidad electoral es el mejor maquillaje para una cara llena de lodo.
Lo que verdaderamente espanta no es la acusación, sino la parálisis. Hay 42 carpetas de investigación en la FGR que duermen el sueño de los justos, acumulando polvo mientras los involucrados acumulan poder. El INE documentó un exceso de 82.7 millones de pesos en campaña, pero en México, cuando el río suena, es porque los de arriba ya compraron el agua.
Al final, queda el choque de dos mundos: la justicia pragmática de allá arriba que busca castigar pactos, y la burocracia de aquí abajo que se aferra a la «cosa juzgada» para no mirar al monstruo a los ojos. En medio estamos nosotros, los que pagamos la cuenta de una democracia que, a veces, parece más un negocio de protección que una voluntad popular.
Apago la luz. En el fondo del callejón, el eco de una patrulla me recuerda que, en política, el poder nunca llega solo: siempre trae chofer, abogado y una deuda pendiente que alguien, tarde o temprano, vendrá a cobrar.
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