La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, desestimó este día el anuncio del partido Morena sobre el inicio de un proceso de juicio político en su contra, declarando que «cada quien hace lo que puede». La respuesta oficial, emitida a las 13:10 horas, se produce tras la movilización ciudadana registrada el pasado fin de semana en la capital del estado, la cual motivó el amago legal por parte de los legisladores del partido oficialista.
El procedimiento de juicio político requiere una mayoría calificada en el Congreso del Estado de Chihuahua, donde actualmente la configuración de las 33 curules no favorece de forma automática a la bancada de Morena y sus aliados. Para proceder con el recurso, la fracción impulsora necesitaría sumar votos de las bancadas opositoras, lo que matemáticamente reduce la viabilidad inmediata de la sanción.
Las declaraciones de la titular del Ejecutivo estatal se dan en el contexto de una manifestación que congregó a miles de ciudadanos en la capital chihuahuense. De acuerdo con los reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el aforo y la logística del evento se desarrollaron sin que se registraran incidentes de violencia, afectaciones a la infraestructura pública o alteraciones al orden civil.
Durante su intervención pública, Campos subrayó que en la entidad del norte del país los ciudadanos «votan de manera libre». Este señalamiento opera como una réplica directa a los argumentos de Morena, fracción que acusó una presunta intervención y financiamiento gubernamental en la organización operativa de la marcha dominical.
El anuncio del juicio político obliga a la Comisión Jurisdiccional del poder legislativo local a recibir la solicitud formal, analizar sus fundamentos jurídicos y emitir un dictamen técnico. Los registros de la Oficialía de Partes del Congreso no muestran, hasta el cierre de esta edición, el ingreso oficial del documento con los folios correspondientes para iniciar el trámite de revisión.
Especialistas en derecho parlamentario del estado advierten que el inicio de un proceso de esta naturaleza requeriría reasignar tiempos en la agenda legislativa regular. Esto impactaría directamente en los plazos de discusión de las iniciativas de corte económico y fiscal que se encuentran programadas para el actual periodo ordinario de sesiones.
La confrontación entre el gobierno estatal panista y la dirigencia local de Morena mantiene un historial de fricciones estadísticas desde el inicio de la administración en 2021. La medición de fuerzas en el congreso y la disputa por el control de la narrativa pública se intensifican conforme avanzan los plazos marcados por el calendario del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.