La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2026 ubicó la tasa de informalidad en 54.8 % de los trabajadores. Es uno de los niveles más altos entre los países de la OCDE.
Paralelamente, la tasa de “condiciones críticas de ocupación” —trabajadores cuyos ingresos equivalentes están por debajo del salario mínimo vigente— llegó a 39.3 % en enero. El empleo formal marca récords, pero la calidad del empleo se deteriora.
Más de 50 millones de personas laboran en la informalidad. El segmento está compuesto de manera desproporcionada por mujeres, jóvenes y personas con menor escolaridad. Carecen de seguridad social, pensiones y protección laboral efectiva.
La productividad industrial de México ya es baja. Una fuerza laboral mayoritariamente informal, con menor acceso a capacitación, refuerza ese círculo: menos productividad, menos salarios reales, más necesidad de trabajos precarios.
La informalidad también reduce la base fiscal. Cada trabajador que no cotiza es un peso que el resto de la sociedad termina cargando en forma de servicios públicos insuficientes o mayores impuestos futuros.
En las zonas rurales la pobreza es casi el doble que en las urbanas (44.2 % frente a 26.9 %). Campesinos y artesanos permanecen atados a la informalidad sin alternativas formales estables.
Cuando los gobiernos enfrentan presiones fiscales, los recortes en gasto social y empleo público suelen golpear primero a las mujeres, que concentran una proporción alta de los trabajos informales y de menor calificación.
La economía mexicana sigue expandiendo el número de ocupados, pero no la calidad ni la seguridad de esas ocupaciones. Ese modelo no construye clase media ni demanda interna sostenible.
La pregunta que queda es directa: ¿cuántos trimestres más puede crecer el empleo formal mientras la mitad de la fuerza laboral permanece fuera de cualquier red de protección?