El asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez volvió a colocar a Veracruz en el centro de la crisis de violencia contra periodistas en México.
La periodista, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital, Veracruz. Un mes después, autoridades estatales confirmaron que restos localizados durante las investigaciones correspondían a la comunicadora.
La Fiscalía General del Estado informó la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con el secuestro y homicidio. Entre los detenidos se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, de acuerdo con reportes de autoridades y medios.
El caso ya no permanece sólo en la esfera estatal. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación desde junio, cuando Roxana Guzmán aún estaba desaparecida, y la Fiscalía de Veracruz informó que colaboraría con la autoridad federal.
La presencia de policías municipales entre los detenidos abrió una línea de preocupación sobre posible colusión local. Sin embargo, hasta ahora no existe sentencia pública que establezca responsabilidad penal firme contra los detenidos.
Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras condenaron el crimen y pidieron una investigación exhaustiva y transparente. Artículo 19 calificó el asesinato como un grave ataque contra la libertad de expresión, aunque el móvil periodístico debe ser confirmado dentro de la carpeta.
El caso ocurre en un estado marcado por agresiones contra la prensa. Artículo 19 registra a Roxana Guzmán como el caso más reciente dentro de su conteo de periodistas asesinados en México.
La investigación deberá aclarar quién ordenó el crimen, qué participación tuvieron los detenidos, si hubo protección institucional a los agresores y si la actividad periodística de Guzmán fue un factor en la agresión.