La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) emitió este 25 de mayo de 2026 un pronunciamiento institucional en el que señala que la nueva iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar la reforma judicial no resuelve las deficiencias estructurales aprobadas en 2024. El organismo advierte un incremento en la incertidumbre jurídica y económica que afecta directamente los indicadores de inversión en el país.
El análisis técnico del organismo destaca que el aplazamiento de la segunda etapa de la reforma para el año 2028 es una medida necesaria, pero insuficiente. De acuerdo con el documento, la prórroga carece de políticas públicas complementarias que aseguren la selección de perfiles capacitados, omitiendo criterios de competencia técnica indispensables para la operación del sistema de justicia.
La sustitución progresiva del sistema de carrera judicial —basado formalmente en méritos, exámenes de oposición, experiencia y especialización— por mecanismos de selección ajenos a la capacidad técnica constituye el principal factor de riesgo identificado por la asociación de abogados. Esta modificación altera los parámetros normativos de predictibilidad que requieren los agentes económicos del mercado local e internacional.
Los datos presentados en el dictamen gremial ligan de forma directa la estabilidad de los tribunales independientes con la retención de capitales de largo plazo. La BMA enfatiza que ninguna economía moderna puede mantener tasas de crecimiento sostenibles cuando los inversionistas carecen de tribunales independientes aptos para resolver controversias regulatorias y comerciales complejas.
El documento detalla que las modificaciones propuestas debilitan los estándares de integración del Poder Judicial de la Federación (PJF). Ello compromete de forma cuantificable la temporalidad y la calidad técnica de las resoluciones emitidas por los jueces federales y magistrados del circuito.
La certeza jurídica es catalogada en el informe como un insumo económico primario para el desarrollo nacional. La ausencia de mecanismos eficaces para blindar la imparcialidad judicial incrementa la percepción de riesgo país ante controversias en sectores altamente especializados de la economía, como el energético, tecnológico y de infraestructura.
Finalmente, la organización civil establece que la protección a los derechos humanos y contractuales depende estrictamente de resoluciones previsibles y autónomas. La falta de estas condiciones desincentiva los proyectos productivos vigentes y altera las proyecciones de captación de inversión extranjera directa programadas para el cierre del ejercicio fiscal 2026.