El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, denunció este miércoles la existencia de una estructura de protección institucional dentro del Gobierno de México, diseñada para blindar a funcionarios presuntamente vinculados con el narcotráfico y el huachicol fiscal. Según el empresario, el sistema judicial y la Fiscalía General de la República (FGR) operan bajo una lógica de impunidad dirigida desde Palacio Nacional.
La acusación técnica se centra en el esquema de huachicol fiscal detectado en las aduanas de México. Este modelo consiste en la introducción de hidrocarburo ilícito al territorio nacional mediante el uso de documentación apócrifa, con el objetivo de evadir el pago de impuestos correspondientes y eludir los controles de la Secretaría de Hacienda.
Dentro de esta red operativa, se ha señalado la participación de mandos de la Secretaría de Marina. Entre los implicados figuran Manuel Roberto Farías Laguna, Vicealmirante actualmente recluido en el penal de El Altiplano, y Fernando Farías Laguna, Contralmirante quien se encuentra prófugo en Argentina desde el año 2025. Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Salinas Pliego sostuvo que el concepto de soberanía nacional es utilizado como una narrativa de distracción mediática. El empresario afirmó que este argumento sirve para encubrir a cómplices del crimen organizado, mencionando directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a sus hijos y al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El contexto de estas declaraciones coincide con la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Las autoridades estadounidenses vinculan a Rocha Moya con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Asimismo, la crítica del dueño de TV Azteca alcanza a Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, señalados por presunto tráfico de influencias. También se menciona el vínculo de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez, presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora en el estado de Tabasco.
Finalmente, el empresario enfatizó que el sistema de justicia en México realiza procesos acelerados para declarar la inocencia de los involucrados. Este «teatro judicial», como lo calificó, garantiza la permanencia de un esquema que impacta directamente en la seguridad de la ciudadanía y en la recaudación fiscal del país.