Martí Batres llevó una calculadora a la conferencia presidencial y dejó una cifra sobre la mesa: regresar de golpe al antiguo esquema solidario de pensiones requeriría más de 7 billones de pesos. Aproximadamente 20 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, una cantidad cercana a la quinta parte de todo lo que produce México en un año.
El director del ISSSTE explicó que el dinero ya no está guardado en una caja común esperando una decisión política. Está distribuido en cuentas individuales con titulares concretos. El Estado no puede meter la mano, vaciarlas y anunciar que la historia volvió a 2006 por decreto presidencial.
Hasta ahí, la explicación financiera puede entenderse.
El problema es que la CNTE tampoco inventó su exigencia en una sobremesa. Durante la campaña presidencial de 2024, Claudia Sheinbaum prometió “echar para atrás” las reformas pensionarias de 1997 y 2007, a las que responsabilizó de condenar a los trabajadores a pensiones miserables.
Cuando se buscaban votos, la ley del ISSSTE de 2007 era una herencia maldita del neoliberalismo y Felipe Calderón era el villano favorito de la función. Pero cuando la promesa llegó a Palacio Nacional y pasó por la ventanilla de Hacienda, aparecieron las cuentas, los propietarios individuales y los 7 billones de pesos.
La duda es inevitable: ¿nadie hizo la suma antes de ofrecer la resta?
Sheinbaum ya había reconocido desde mayo de 2025 que una derogación inmediata pondría presión sobre las finanzas públicas y podría afectar programas sociales y obra pública. El gobierno propone ahora fortalecer PENSIONISSSTE y construir alternativas graduales. Puede ser una salida razonable. Pero no es la promesa original.
¿Eso significa que Calderón tenía razón?
Tenía, al menos, un diagnóstico que hoy el propio gobierno ya no puede despachar con una consigna: el antiguo sistema enfrentaba un problema financiero serio. Eso no convierte automáticamente la reforma de 2007 en una solución justa, suficiente o intocable. El esquema de cuentas individuales también dejó pensiones insuficientes y agravios reales. Pero una cosa es criticar sus consecuencias y otra muy distinta prometer que puede desaparecer sin presentar una ruta viable.
La CNTE no está cobrando una ocurrencia. Está presentando una factura de campaña.
Y ahora el gobierno descubre que las promesas también generan intereses.