Por Bruno Cortés
La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, afirmó que existe una severa brecha entre los compromisos internacionales ratificados por México para erradicar la violencia contra la mujer y las condiciones presupuestales y operativas en los tres órdenes de gobierno. El pronunciamiento fue registrado en el marco de los trabajos de análisis de las comisiones de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el informe de la legisladora, las metas fijadas por tratados como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará registran rezagos acumulados en su implementación práctica. La discrepancia se refleja en la falta de asignación de recursos etiquetados para refugios, centros de justicia y fiscalías especializadas.
El análisis presentado ante la Cámara de Diputados señala que la tasa de impunidad en delitos como feminicidio y violencia vicaria se mantiene en niveles altos debido a la escasez de agentes capacitados en los ministerios públicos estatales. La representante enfatizó que la ratificación de acuerdos globales pierde efectividad cuando los presupuestos locales no reflejan las prioridades de atención primaria a las víctimas.
En el informe técnico, la diputada por Campeche destacó que el diseño de las políticas públicas orientadas al género requiere un esquema de medición con indicadores cuantitativos estrictos. La falta de homologación en los códigos penales estatales genera además vacíos jurídicos que impiden la aplicación uniforme de las medidas cautelares solicitadas por la legislación internacional.
Respecto a la asignación de fondos del Presupuesto de Egresos de la Federación, la legisladora sostuvo que el Anexo 13, destinado a la igualdad entre hombres y mujeres, ha derivado recursos hacia programas sociales genéricos que no atienden directamente la prevención ni la sanción de las violencias de género.
Asimismo, Rejón Lara planteó que la red de atención a víctimas carece de la infraestructura necesaria para cubrir la demanda en zonas rurales y de alta marginación. Las estadísticas operativas muestran que la distancia geográfica hacia un centro de justicia especializado sigue siendo un factor determinante que desincentiva la denuncia formal.
La propuesta legislativa concluye con la exigencia de establecer mesas de trabajo permanentes entre el Poder Legislativo, las fiscalías locales y las organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es auditar la aplicación del marco jurídico vigente y garantizar que los recursos federales se traduzcan en una reducción verificable de las agresiones contra las mujeres.