Por Bruno Cortés
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados analizó la implementación de un marco nacional de protocolos diseñado para prevenir, detectar y erradicar la cooptación y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de la delincuencia organizada. La propuesta fue presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro como un eje de intervención urgente ante las métricas de vulnerabilidad que registran diversos estados del país.
El planteamiento técnico establece la creación de un sistema de alerta temprana interinstitucional que vincule a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional DIF. Según los diagnósticos presentados en la reunión, el mecanismo busca monitorear indicadores de deserción escolar, violencia intrafamiliar y rezago social en 150 municipios identificados con alta presencia de grupos delictivos.
Estimaciones de organizaciones de la sociedad civil y datos integrados en los documentos de trabajo de la Cámara de Diputados señalan que entre 30 mil y 35 mil menores de edad se encuentran en riesgo inminente de ser reclutados por bandas criminales en el territorio nacional. Las funciones asignadas a los menores van desde labores de vigilancia táctica hasta el tráfico de sustancias y la comisión de delitos de alto impacto.
En el aspecto legislativo, la iniciativa contempla reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al Código Penal Federal, con el fin de tipificar de forma autónoma el reclutamiento infantil. La tipificación busca establecer penas de 15 a 25 años de prisión para quienes coaccionen o utilicen a menores en actividades ilícitas, eliminando resquicios legales que actualmente catalogan el hecho únicamente como trata de personas o corrupción de menores.
El esquema presupuestal discutido por los coordinadores parlamentarios prevé la reasignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para fortalecer los programas de infraestructura comunitaria y centros de desarrollo infantil en zonas prioritarias. Las partidas económicas se focalizarán en municipios de las regiones Noroeste, Tierra Caliente y el Istmo de Tehuantepec, donde se concentran las mayores tasas de victimización infantil.
Respecto a los protocolos de actuación policial y judicial, el proyecto estipula que las fiscalías estatales deberán contar con unidades especializadas en la desvinculación y restitución de derechos de los menores rescatados de células delictivas. Este enfoque prioriza el tratamiento del menor como víctima directa del conflicto y no como imputado, alineando la normativa interna con las directrices del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.
Con la revisión de los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, el acuerdo técnico será turnado a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos de la Niñez y Adolescencia para la elaboración del dictamen correspondiente. La Jucopo acordó priorizar su discusión en el Pleno antes de la conclusión del periodo ordinario de sesiones.