El gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, formalizó la orden de presentar una demanda por difamación contra el diario estadounidense The New York Times. La acción legal responde a la publicación de un artículo de opinión firmado por Nicholas Kristof, el cual denuncia agresiones sexuales sistemáticas contra prisioneros palestinos. La oficina del primer ministro calificó el texto como una de las distorsiones más graves publicadas contra el Estado en la prensa contemporánea.
La investigación de Kristof se sustenta en el testimonio de 14 personas en la Cisjordania ocupada, quienes señalan a soldados, colonos y agentes del Shin Bet como responsables de actos violentos. El reporte describe un patrón de conducta que involucra a guardias penitenciarios y fuerzas de seguridad. No obstante, el propio artículo admite que no existen pruebas de que la cúpula política israelí haya ordenado directamente tales prácticas, limitando la responsabilidad a niveles operativos y de vigilancia.
Como contraparte técnica, el Estado de Israel publicó de forma simultánea un informe de 300 páginas elaborado por una comisión independiente creada en noviembre de 2023. Este documento detalla la violencia sexual sistemática cometida por Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023. La coincidencia en las fechas de publicación ha sido interpretada por la cancillería israelí como un intento deliberado del rotativo neoyorquino por diluir el impacto del informe institucional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por Gideon Saar, sostuvo que el columnista Kristof utilizó fuentes vinculadas a redes de propaganda de Hamás sin la verificación protocolaria necesaria. Para el gobierno israelí, la publicación carece de rigor estadístico y se basa en relatos aislados que pretenden establecer una narrativa de generalidad inexistente. La demanda buscará una reparación por daños a la reputación internacional del ejército y las instituciones de seguridad.
En el plano jurídico, la demanda se centrará en la falsedad de las acusaciones de «violencia sexual generalizada». Las autoridades israelíes argumentan que sus centros de detención operan bajo estándares internacionales y que cualquier denuncia individual se investiga por canales internos. La oficina de Netanyahu enfatizó que respaldar testimonios no verificados constituye una falta ética grave por parte del consejo editorial del periódico estadounidense.
El informe israelí de 300 páginas se basa en dos años de recopilación de evidencia forense y testimonios de sobrevivientes del ataque del 7 de octubre. Los resultados concluyen que la violencia de género fue una herramienta de guerra utilizada por los grupos extremistas palestinos. Esta disparidad en la documentación será un pilar central en la estrategia legal de Israel para desestimar las acusaciones publicadas por The New York Times.
La demanda marca un punto de ruptura en la relación entre el gabinete de Netanyahu y la prensa internacional anglosajona. Históricamente, las tensiones por la cobertura del conflicto en Gaza han sido constantes, pero el inicio de un litigio por difamación representa una escalada en la defensa de la narrativa oficial israelí. El proceso judicial se llevará a cabo en tribunales internacionales para determinar la veracidad de las fuentes citadas por Kristof.