La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el 12 de junio el inicio de un nuevo procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. La denuncia, promovida por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, señala presuntos actos de corrupción y una posible triangulación de recursos públicos.
La apertura del expediente no implica que el mandatario haya sido declarado culpable ni supone su separación automática del cargo. La decisión permite que continúe la investigación legislativa y que el gobernador presente su defensa antes de que el caso avance hacia otras etapas.
La Comisión Anticorrupción avaló el procedimiento con seis votos a favor de legisladores del PAN, PRI y una diputada de Morena. La representante de Movimiento Ciudadano votó en contra. La solicitud deberá pasar posteriormente al pleno del Congreso local.
La acusación sostiene que recursos provenientes de dependencias del Gobierno de Nuevo León y organismos estatales fueron entregados a empresas proveedoras. Posteriormente, según la denuncia difundida públicamente, el dinero habría transitado por distintas compañías privadas hasta llegar al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C., señalado por sus presuntos vínculos con el padre del gobernador.
El monto atribuido al presunto esquema no está plenamente unificado en la información pública disponible. La Jornada reportó una suma cercana a mil millones de pesos, mientras que EL PAÍS refirió una cifra próxima a 3 mil millones. Por ello, el caso debe describirse como una presunta triangulación millonaria hasta contar con el expediente legislativo completo.
La denuncia presentada ante el Congreso local tiene como antecedente una acusación promovida por Morena ante la Fiscalía General de la República el 26 de mayo. Esa denuncia federal también incluyó a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador. Ambas vías deben distinguirse: el juicio político sigue un procedimiento legislativo local, mientras que una eventual investigación penal corresponde a las autoridades ministeriales.
Samuel García contará con 15 días hábiles para responder. La Comisión fijó el 23 de junio como fecha para que rinda su declaración de manera presencial, por escrito o mediante un representante legal.
Si el procedimiento continúa, el expediente llegará al pleno del Congreso de Nuevo León. Para avanzar, deberá obtener al menos 28 votos de los 42 diputados locales. Después corresponderá al Tribunal Superior de Justicia realizar la evaluación prevista por la legislación estatal.
El nuevo expediente es distinto de otros procedimientos abiertos contra el gobernador. La Comisión Anticorrupción reactivó en mayo dos juicios políticos relacionados con presuntas violaciones electorales durante la contienda de 2024.
Uno de esos casos se refiere a una intervención atribuida al mandatario durante el proceso electoral federal, con un supuesto beneficio para la fórmula al Senado integrada por Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera. El segundo está relacionado con la promoción de la rifa de una camioneta Cybertruck presuntamente vinculada con la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez.
El coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos de la Fuente, afirmó que el expediente abierto en junio constituye un procedimiento nuevo y separado de los casos anteriores. Su bancada respaldó que el gobernador sea llamado a responder por la denuncia presentada por la dirigente estatal de Morena.
Movimiento Ciudadano rechazó el inicio del juicio político. La coordinadora de la bancada, Sandra Pámanes, sostuvo que el procedimiento responde a una persecución política y cuestionó que parte de los señalamientos se apoyen en investigaciones periodísticas. Su propuesta para desechar la solicitud no prosperó.
El caso continuará abierto mientras el Congreso revisa la defensa del gobernador y determina si existen elementos para llevar el expediente al pleno. Hasta el momento, el procedimiento se encuentra en una etapa inicial y las acusaciones no han sido acreditadas mediante una resolución definitiva.