Miren, para entender lo que está pasando en la Cámara de Diputados, hay que verlo como un ajuste de piezas en la maquinaria del Estado. La diputada Kenia López Rabadán nos explica que el famoso «Plan B» que llegó del Senado es, en realidad, un paquete de cambios a tres reglas fundamentales de nuestra Constitución que buscan, según el texto, que el dinero público se use de forma más apretada en los estados y en las oficinas de los políticos.
Primero está el tema de los regidores. En muchos municipios de México, los cabildos son muy grandes y cuestan mucho dinero. La reforma al artículo 115 quiere poner un tope: máximo 15 regidores. Luego viene el artículo 116, que le dice a los estados: «tu Congreso local no puede gastar más del 0.7 por ciento de todo tu presupuesto». Es una forma de obligar a las provincias a ser más austeras con sus diputados locales.
En el artículo 134, el cambio va directo a los sueldos de quienes organizan las elecciones. La idea es que nadie gane más que el Presidente. López Rabadán dice que, aunque el papel llegó con un nombre equivocado que hablaba de la revocación de mandato, ese tema ya quedó fuera. Lo que se va a discutir en abril es solamente el dinero y la estructura de los estados y del órgano electoral.
Pero más allá de las leyes y los números, hay un tema que duele mucho: la gente que falta en casa. La diputada fue muy clara al decir que en México tenemos una crisis de justicia. Imaginen que de cada 100 personas que desaparecen, en menos de tres casos se abre una investigación real. Eso significa que la mayoría de las familias se quedan solas buscando, rascando la tierra con sus propias manos.
Kenia López Rabadán mencionó a Ceci Flores, una madre buscadora que se ha vuelto un símbolo de esta lucha. El mensaje de la diputada es que no basta con dar informes o números en una pantalla; se necesita que el Gobierno le dé dinero y herramientas a los centros que identifican cuerpos, porque hay casi 47 mil personas fallecidas que no sabemos quiénes son porque no hay datos suficientes.
La política, al final del día, se trata de prioridades. La diputada dice que la prioridad de la Cámara debe ser ayudar a estas familias. Por eso, propone que en el próximo presupuesto se le dé más fuerza a las comisiones de búsqueda. No se puede hablar de justicia si el Estado no tiene la capacidad de encontrar a sus ciudadanos o, al menos, de decirles a las familias dónde están sus seres queridos.
Así que, mientras los diputados se preparan para votar estas reformas en la Semana de Pascua, el ojo está puesto en dos cosas: que las leyes se hagan bien, sin errores de dedo, y que no se olvide que detrás de cada cifra de desaparecidos hay un rostro y una historia que merece ser respetada. La democracia no son solo votos, es también la capacidad del Estado para darnos seguridad y justicia.