En Michoacán, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad pasó prácticamente inadvertido para el gobierno estatal. No hubo discursos, anuncios o posicionamientos institucionales. Tampoco hubo reconocimiento público para las familias que conviven todos los días con barreras físicas, económicas y sociales. Lo que sí hubo fue un silencio que pesó más que cualquier mensaje: la omisión completa de un tema que debería ser prioridad y que, en cambio, quedó relegado detrás de la maquinaria propagandística del poder.
Las cuentas oficiales del gobierno ignoraron por completo la fecha. La Coordinación de Comunicación Social se limitó a enviar boletines promocionales sobre el Teleférico, una obra convertida en escaparate político y utilizada para proyectar a figuras cercanas a la dirigencia estatal. Para muchos, esta ausencia de empatía no solo reflejó desinterés, sino que reveló las verdaderas prioridades de la administración bedollista, donde la imagen pesa más que las realidades de la población vulnerable.
El contraste más evidente está en los hechos. Desde hace dos años, el gobierno estatal dejó de aportar recursos al CRIT Teletón, un centro que atiende a miles de niñas y niños con discapacidad y que requiere financiamiento constante para sostener terapias, diagnósticos y procesos de rehabilitación. Tampoco se observa un fortalecimiento significativo al CREE, la institución pública que depende directamente del estado y que enfrenta carencias históricas. No existe una justificación técnica para ello: no es austeridad, no es un problema de déficit y no obedece a una reestructura presupuestal. Es, sobre todo, una decisión política.
Mientras se retiraba el apoyo a estas instituciones, el gobierno destinó 240 millones de pesos a Comunicación Social, un incremento del 96% respecto al año anterior, cuando la dependencia ejerció 122 millones. Ninguna otra área recibió un aumento de tal magnitud. Ni salud, con un incremento del 56.59%, ni educación, con 8.86%, ni seguridad, con 8.76%, se acercaron a esa cifra que duplicó el presupuesto de promoción gubernamental. La diferencia revela un diagnóstico moral: la publicidad tiene prioridad; la niñez no.
Esa falta de coherencia impacta de manera directa a cientos de familias. Actualmente, 467 niñas y niños están en lista de espera para recibir atención especializada en el CRIT. Si el gobierno hubiera entregado los recursos convenidos, muchos de ellos ya habrían iniciado procesos de rehabilitación que pueden cambiar vidas. Pero sin apoyo, los discursos sobre inclusión se diluyen y se vuelven vacíos. Resulta especialmente ofensivo escuchar llamados oficiales a la empatía cuando la institución que realmente practica la inclusión todos los días es abandonada por completo.
Ningún slogan mejora la movilidad de un niño. Ningún spot fortalece músculos. Ninguna campaña de imagen reemplaza las terapias que permiten a una persona con discapacidad avanzar, recuperar autonomía o simplemente tener una mejor calidad de vida. Lo que sí lo hace es el trabajo cotidiano del CRIT y del CREE, organismos que requieren recursos, no aplausos ni menciones simbólicas.
Este 3 de diciembre no dejó un mensaje de compromiso, sino una advertencia: en Michoacán, la inclusión se ha convertido en discurso, mientras la propaganda recibe presupuesto, atención y prioridad. Un estado que invierte millones en construirse una narrativa favorable pero deja sin respaldo a quienes más lo necesitan no está edificando un gobierno cercano, sino una pantalla. Y detrás de esa pantalla, la discapacidad no espera. Las familias tampoco. Son ellas quienes siguen enfrentando cada día los retos que el gobierno decide ignorar.