Por Bruno Cortés
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que los nuevos lineamientos impulsados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para la protección de los derechos de las audiencias no constituyen una medida de censura contra los medios de comunicación. Durante su intervención ante los medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador precisó que el objetivo de las disposiciones es garantizar estándares de veracidad e impartición equitativa de la información.
De acuerdo con las estimaciones de la Jucopo, la regulación abarca a las concesiones de radiodifusión y televisión abierta que prestan servicio a una audiencia potencial de más de 80 millones de personas en el territorio nacional. Monreal Ávila enfatizó que el estatuto técnico únicamente busca establecer fronteras claras entre la opinión periodística y la información noticiosa, en estricto apego a las sentencias emitidas previamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El marco normativo objeto de discusión técnica contempla la reactivación de figuras como los defensores de la audiencia en cada uno de los medios concesionados, medida que afectará operativamente a más de mil concesionarios de radio y televisión. La normatividad obliga a los difusores a transparentar sus códigos de ética y poner a disposición del público mecanismos directos para la recepción de quejas en un plazo no mayor a diez días hábiles.
En el análisis de impacto técnico expuesto por el congresista, se descartó que los preceptos administrativos permitan al órgano regulador suspender transmisiones o sancionar de manera discrecional a los comunicadores. Las atribuciones del IFT se limitan a la verificación del cumplimiento de los marcos éticos declarados por los propios concesionarios, sin intervenir en la línea editorial ni en los contenidos de los programas.
La revisión del estatuto legal surge tras un periodo de controversia jurídica iniciado en 2017, cuando diversas acciones de inconstitucionalidad paralizaron la aplicación de los artículos correspondientes de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La resolución judicial más reciente mandata al Poder Legislativo y al IFT a adecuar las normativas secundarias para asegurar la protección integral de los derechos de la ciudadanía frente a las transmisiones masivas.
Monreal Ávila adelantó que la Cámara de Diputados mantendrá mesas de trabajo técnico con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y representantes de la sociedad civil. Estas reuniones buscan ajustar los criterios de aplicación técnica y evitar sobrecargas administrativas o inconsistencias operativas que pudieran entorpecer el ejercicio diario del periodismo.
Finalmente, el diputado reiteró que la postura de la mayoría parlamentaria mantendrá un compromiso irrestricto con la libertad de prensa y de expresión consagradas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El calendario de implementación de los lineamientos continuará bajo la supervisión de las comisiones de Radio y Televisión, y de Comunicaciones y Transportes en el Congreso de la Unión.