Por Buno Cortés
La diputada Mónica Sandoval, integrante del grupo parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reforma con el objetivo de erradicar la trata de personas y garantizar el acceso pleno a los servicios de salud para la población migrante en territorio mexicano. La propuesta busca alinear la legislación nacional con los estándares internacionales de derechos humanos, focalizándose en la protección de grupos vulnerables.
Los datos presentados por la legisladora indican que los migrantes en tránsito presentan una tasa de incidencia delictiva 40% superior a la media nacional en zonas fronterizas. El proyecto legislativo pretende endurecer las penas contra las redes de trata, además de tipificar como delito la omisión de auxilio médico por parte de autoridades locales.
El componente de salud de la propuesta establece la obligatoriedad de brindar atención médica de urgencia sin distinción de estatus migratorio. Esta medida busca reducir la prevalencia de enfermedades infecciosas no tratadas que, según estimaciones de organismos internacionales, afectan a aproximadamente 15,000 personas en movilidad anualmente en el país.
La iniciativa contempla una reestructuración de los protocolos de atención en albergues estatales, asegurando que cuenten con suministros médicos básicos y personal capacitado. La inversión estimada para implementar esta infraestructura en los 32 estados de la República asciende a 500 millones de pesos, según el análisis financiero adjunto al documento.
La diputada Sandoval subrayó que la crisis migratoria requiere una respuesta coordinada que combine la seguridad fronteriza con la protección civil. La propuesta busca crear una base de datos nacional que registre incidencias de trata, permitiendo una respuesta más eficaz por parte de las fiscalías especializadas.
El sistema de salud pública deberá integrar un padrón temporal de migrantes para asegurar el seguimiento de tratamientos médicos de larga duración. Este registro no tendrá fines de deportación, sino que se gestionará bajo un estricto protocolo de confidencialidad para fomentar la confianza de los solicitantes de servicios.
Finalmente, la reforma será discutida en las comisiones de Salud y Justicia de la Cámara de Diputados en las próximas semanas. La bancada priista confía en obtener el consenso necesario para su aprobación antes del cierre del periodo ordinario de sesiones, dado el respaldo de organizaciones civiles vinculadas al tema.