Por Bruno Cortés
En medio del clima político que se vive en el Congreso, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, salió a fijar postura con un mensaje claro: su partido, dijo, seguirá respaldando a los gobiernos estatales que considera legítimos y que, desde su visión, están enfrentando al crimen organizado.
En particular, puso como ejemplo el caso de Chihuahua y su gobernadora María Eugenia Campos, a quien calificó como parte de un gobierno “legalmente constituido” y que combate la inseguridad. En el lenguaje político de San Lázaro, este tipo de respaldos no solo son declaraciones de apoyo, también son señales de posicionamiento frente a las tensiones entre bancadas, especialmente con Morena.
Moreira aprovechó para lanzar críticas al partido en el poder, al que acusó de distraer la atención pública de problemas más profundos como la economía y la seguridad. Desde su perspectiva, el país enfrenta presiones en finanzas públicas, menor confianza de calificadoras internacionales y un deterioro en distintos indicadores económicos, lo que, dijo, debería estar en el centro del debate legislativo.
En términos más simples, el legislador priista está colocando sobre la mesa una narrativa de dos frentes: por un lado, un gobierno federal que según él minimiza los problemas; y por otro, un país con retos económicos y de seguridad que requieren atención urgente. Este tipo de discursos es común en el Congreso, donde la discusión económica y la política se cruzan constantemente.
Sobre la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, Moreira consideró que la propuesta se queda corta frente a uno de los problemas más delicados del sistema democrático: la posible intervención del crimen organizado en las elecciones. Aunque reconoció la intención de regular este tema, afirmó que no aborda situaciones complejas que ya ocurren en el terreno electoral.
Para explicarlo en términos sencillos, el PRI plantea escenarios donde el sistema electoral necesita reglas más claras: qué hacer si un candidato puntero es asesinado durante la campaña, cómo evitar que solo un partido registre aspirantes en ciertos municipios, o cómo impedir que estructuras criminales capturen procesos políticos locales. Son problemas que, según el legislador, no se resuelven solo con ajustes parciales, sino con una reforma más profunda.
Incluso puso como ejemplo casos donde en algunos municipios de Chihuahua solo hay un candidato registrado, lo que abre el debate sobre la competencia electoral real y las condiciones en las que se están llevando a cabo las elecciones locales.
En su crítica más dura, Moreira acusó a Morena de tener una postura negacionista frente a la realidad del país, tanto en lo económico como en materia de seguridad, y advirtió sobre riesgos para la libertad de expresión si se limitan los derechos de las audiencias, un tema que en el Congreso se interpreta como parte del debate sobre regulación de medios y comunicación.
Finalmente, también se refirió al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que cualquier funcionario señalado debería presentar pruebas públicas para defenderse, en lugar de cerrar el tema políticamente o dejar que otros lo hagan por él.
En el fondo, lo que se refleja en esta discusión es algo habitual en la política mexicana: el choque entre partidos no solo por leyes o reformas, sino por la interpretación de la realidad del país, especialmente en dos temas que dominan la agenda pública: la economía y la seguridad.